La puesta en venta de la plazoleta Sarmiento, para la posterior construcción de un complejo habitacional en el lugar, avivó la polémica entre la Defensoría del Pueblo de Tucumán y el municipio de la capital. Como si se tratara de un partido de tenis, las dos instituciones se pasan, una a otra, la decisión política sobre el destino del predio.

Mientras el subsecretario de Planificación Urbana, Luis Lobo Chaklián, le recomienda al ombudsman, Hugo Cabral, que expropie el inmueble, este, a su vez, sostiene que la Municipalidad reúne todas las facultades para expropiar o comprar el predio, a los fines de que siga funcionando allí una plaza

"Cabe aclarar que la Municipalidad de la capital cuenta con atribuciones suficientes para proceder a la compra o expropiación del predio, según las facultades conferidas por el artículo 24, inciso 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades", respondió Cabral a los dichos del funcionario municipal.

Esta normativa determina, entre las facultades del intendente, la de "ordenar el establecimiento de plazas, paseos y parques, autorizando la compra o disponiendo la expropiación de los terrenos necesarios al efecto". En la edición de ayer, Lobo Chaklián había expresado que contaba con el apoyo del intendente, Domingo Amaya, para ponerse a disposición de la Defensoría del Pueblo. "La Municipalidad cuenta con toda la documentación técnica del inmueble. Se la pondremos a disposición del defensor del Pueblo para que presente un proyecto de expropiación del terreno de la Plazoleta Sarmiento en la Legislatura", había asegurado el funcionario amayista, al tiempo que insistió en que la Intendencia pretende mantener la plazoleta. "Queremos que quede como un espacio público. Como el parque El Provincial, la zona sur del Parque 9 de Julio y tantos otros espacios que le pertenecen al Gobierno, pero que los mantiene la Municipalidad. La idea es evitar que se construyan las torres en ese lugar", sintetizó Lobo Chaklián

No obstante, Cabral agregó: "independientemente de la importancia de mantener este espacio verde, son los representantes de los vecinos, el intendente y concejales, quienes deberán evaluar la viabilidad de esta decisión (la expropiación)".

El inmueble de más de 3.000 metros cuadrados figura a nombre de la firma Neocon SRL (matricula catastral Nº 14286/3667). Anteriormente, el predio formaba parte del ramal ferroviario y era propiedad de la "La Fraternidad Sociedad de Personal Ferroviario de Locomotoras". La organización gremial había adquirido el predio al Gobierno nacional el 23 de marzo de 1976, un día antes del inicio del último golpe militar. Treinta años después, en 2006, el terreno fue comprado por la empresa Neocon SRL. La empresa encargada de construir el emprendimiento habitacional sería la firma GAMA SRL.