Un nuevo perfil de los municipios ha comenzado a emerger a partir de reformas del Estado dirigidas a la descentralización y el fortalecimiento de las instituciones locales de gobierno, así como también a partir de diversos cambios políticos-sociales democratizadores que se han sucedido desde la década de 1980 en los países latinoamericanos. Tradicionalmente los gobiernos municipales sólo han considerado a las mujeres como beneficiarias pasivas de programas de asistencia social, en su condición de sector o grupo "vulnerable".

Ahora bien, el nuevo papel del gobierno local, sin dejar de atender las necesidades materiales de las mujeres, debe apreciar a las mujeres en calidad de ciudadanas y seres humanos sujetos de derechos, enfatizando la importancia de atender y promover las llamadas necesidades estratégicas de género, dirigiéndose a la transformación de las relaciones sociales de género y a la adquisición de libertad, igualdad real, autoestima y empoderamiento, según el contexto sociopolítico y cultural desde donde emergen y se expresan.

Promover y lograr la equidad de género supone el disfrute y acceso equitativo de mujeres y hombres a los bienes públicos, a las oportunidades de participar, desarrollar capacidades y acceder a distintos recursos y beneficios.

Así, la equidad de género potencia el desarrollo local integral, produce mejor eficacia de las políticas públicas, fortalece y prestigia al gobierno local, y desata procesos innovadores de la gestión municipal tanto de sus tradicionales como nuevas materias de competencia Los gobiernos municipales tienen el reto de asumir el cumplimiento, el acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres, como parte de sus competencias, ya que ello tiene efectos prácticos y estratégicos en la calidad de la vida diaria de las mujeres.

El papel de promotor de la equidad de género requiere de nuevas bases institucionales para legitimar y apoyar sus políticas y acciones. Difícilmente se puede desempeñar dicho papel manteniendo las viejas estructuras y rutinas del tradicional papel de municipio, como sólo proveedor de servicios públicos y asistencia social. El auténtico gobierno local debe tomar las decisiones de cambio institucional y administrativo, de manera de crear la institucionalidad de género. No se reduce a "tomar en cuenta a las mujeres", sino que implica el reconocimiento de las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres, de las desigualdades de género marcadas por esas diferencias y las relaciones de poder entre hombres y mujeres que tienden a subordinar y discriminar a las mujeres.

Por eso, considerando que los instrumentos de planificación no son "neutros", ya que tienen efectos diferentes sobre mujeres y hombres, se requiere establecer la congruencia y vinculación entre los objetivos y acciones de los planes con la promoción de la equidad de género, y uno de sus ejemplos más claros es el referido al presupuesto, en tanto herramienta poderosa de la política pública. Los presupuestos públicos no son neutrales al género, todo gasto público tiene impactos y éstos no son los mismos para mujeres y hombres. El presupuesto sensible al género no significa un presupuesto aparte, separado, para atender específicamente las necesidades de las mujeres. Significa la integración transversal de la perspectiva de género en los programas públicos de los distintos niveles de gobiernos, a fin de asegurar la asignación equitativa de recursos.

El presupuesto municipal sensible al género, no consiste en asignar recursos a programas marginales "de mujeres", que no producen ningún impacto en la transformación de las condiciones de desigualdad, discriminación y subordinación de las mujeres en el municipio. Significa la incorporación de las necesidades, demandas e intereses de las mujeres en la presupuestación y programación de los ingresos y gastos del gobierno local; es la forma justa de responder a los derechos sociales y económicos de las mujeres, así como una manera diferente de distribuir el poder y los recursos municipales, respetando los derechos de todas y todos. En la Coalición Cívica desde hace tiempo venimos hablando del presupuesto participativo como proceso innovador de la gestión municipal, que incorpora a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas públicas y prioridades de la asignación de los recursos, y la involucra en el seguimiento del cumplimiento de los compromisos a través de diversas modalidades de vigilancia ciudadana, profundizando en esa línea, pensamos en un presupuesto participativo con enfoque de género, que se dirija a promover y facilitar la participación de las mujeres y fortalecer su presencia en los ámbitos de toma de decisiones, de manera que puedan incidir en la definición de las prioridades presupuestarias y en la distribución de los recursos municipales.

Cecilia Ávila

Concejal Coalición Cívica Junín

Fuente: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW)