En ese sentido, la Municipalidad acordó tiempo atrás un plan de pagos con quienes comenzaron el litigio generado como consecuencia del trágico accidente ocurrido en la competencia de Turismo de Carretera, en Quequén, hecho acontecido en 1988, y en el que murieron varios espectadores que se hallaban al costado de la avenida Almirante Brown.

Embargo por dos millones

De acuerdo con lo informado desde el área de Legales, la vecina Julia Rodríguez comenzó un juicio contra el municipio por daños y perjuicios por una ausencia médica en un servicio de salud, en junio de 1998, y el año pasado se habían embargado cuentas municipales por dos millones de pesos.

La comuna alcanzó un acuerdo económico por un total de 24 cuotas, que se están abonando en forma mensual.

En otra causa iniciada por el vecino Darío Cruz, por un accidente en la vía pública, en la cual demandó a la comuna a abonar alrededor de 120.000 pesos, se llegó a un entendimiento para cancelar ese monto en ocho cuotas, la primera de ellas a partir del corriente mes.

Con la multinacional IBM por el recambio del sistema informático y de computación luego que asumiera el ex intendente Julio Municoy, en 1996. La empresa efectuó reiterados embargos sobre las cuentas bancarias comunales y logró retener diferentes montos de dinero por aproximadamente 350.000 pesos.

Finalmente, y luego de una serie de conversaciones mantenidas por representantes del municipio con directivos de la mencionada empresa, se llegó a un acuerdo de pago y restaba aún cancelar una cifra cercana a los 250.000 pesos, que deben girarse desde la Municipalidad a dicha firma de servicios en los próximos meses.

Reclamo por ascensos

Con respecto al reclamo efectuado por un grupo de 69 empleados municipales en relación a ascensos de categorías, la subsecretaria de Legal y Técnica, Carola Bertoldi, recordó que si bien la sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo obliga a la comuna a otorgar dichos ascensos, que se dieron bajo otro sistema estatutario, mediante una pericia contable habrá que determinar judicialmente el monto que debería abonarse.

Por lo informado, el tema continuará en la Justicia para su futura resolución. En cuanto a la recategorización que solicitan los agentes pertenece a los años 1994 y 1995, se conoció que cuando se produjeron los ascensos había un escalafón del empleado municipal, que fue modificado posteriormente en 1996.

Hasta el momento no se ha podido dilucidar qué monto económico corresponde a cada trabajador, debido a las variaciones que tuvo el escalafón municipal. Por lo tanto, los 69 agentes deberán reclamar la ejecución de una pericia contable judicialmente, en virtud de llegar a determinar la cantidad de dinero que debe desembolsarse por cada ascenso otorgado.