Así lo dejaron entrever representantes del sector privado luego de una reunión con el intendente Quiroga. La medida responde a la negativa de la Provincia a incorporar nuevas obras a la red.
Desde ACIPAN, Carlos Roberti señaló que las soluciones que se discutieron en la reunión "no son más que un paliativo al problema actual". En el caso de los obreros, Víctor Carcar, de la UOCRA, explicó que de ejecutarse la retirada del EPAS de la ciudad, "en un corto tiempo, dos meses o tres, se paralizarían las construcciones". Los más preocupados fueron la Cámara Argentina de la Construcción y los colegios de arquitectos e ingenieros. Según los datos que manejan, en la ciudad se construye tres mil metros cuadrados al año y se emplea a 3.500 obreros, lo que genera un mercado de 1.450 millones de pesos, los cuales se destinan en un 60% a materiales que se compran en corralones de la zona y un 40% en honorarios y sueldos.
El jefe de Gabinete de la ciudad, Marcelo Bermúdez, manifestó que el objetivo del Municipio es firmar el contrato de concesión con el EPAS. En consulta con este diario, señaló que las condiciones están dadas para que eso ocurra pero falta la definición de Provincia. "El ministro Coco tiene que definir si se retira o no de la ciudad. Si se retira, hay que modificar el marco regulatorio que fue concebido para que el servicio lo preste el EPAS. Yo fui uno de sus impulsores, lo hicimos a la medida del EPAS", señaló Bermúdez.
Obras
El domingo, el ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Guillermo Coco, dijo que mientras no se resuelva el conflicto con la Municipalidad, el EPAS no iba a firmar nuevas factibilidades de obra para proyectos inmobiliarios y ratificó la decisión de dejar de operar las redes de agua y cloacas de la ciudad. "El tema de la factibilidad no es una novedad. Hace dos años que estamos planteando este problema. Ya se lo habíamos planteado a la anterior gestión del Municipio", dijo ayer Coco.
Esta medida impediría que el Municipio impulse el polo inmobiliario que quiere desarrollar en Cordineu, en la zona de la confluencia de los ríos. "Tenemos dos preocupaciones básicas, lo inmediato que sería el parálisis de la construcción, la pérdida de la fuentes de trabajo, de inversiones y la de largo plazo que sería firmar el contrato de concesión", mencionó Bermúdez.
Para Roberti, presidente de ACIPAN, el problema es serio "porque frena la construcción" y agregó que se puede resolver si se coordina una solución entre los dos gobiernos. "Es compleja la situación de falta de infraestructura y de inversión", señaló.
Provincia
El sector privado que se reunió ayer con el intendente Quiroga anunció que pediría una audiencia con el gobierno provincial. "No sólo los vamos a recibir sino que los vamos a invitar para expresarles cuál es la visión del gobierno provincial sobre esto y cómo se llegó a esto", aseguró el ministro Coco.
En el caso de la UOCRA, Carcar manifestó que los obreros no están preocupados porque todavía no se frenó ninguna construcción a causa de la faltante de obra y señaló que el Municipio haría una modificación a su normativa para habilitar las nuevas edificaciones sin tener que requerir la factibilidad de agua.

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