El helipuerto que está ubicado dentro del country Riverside y en el que diariamente aterriza el gobernador José Manuel de la Sota operó durante 16 meses sin la más elemental autorización municipal.

Pero, además, en contra de lo que plantearon en las últimas horas la ex ministra Adriana Nazario y la empresa que explota la urbanización, en el Estado municipal no hay ninguna referencia a que la obra esté siendo utilizada para fines privados. Al contrario, el expediente que se encuentra en la Secretaría de Planificación señala que el trámite fue iniciado por el Estado provincial y que esa base de asfalto de 18 metros cuadrados está habilitada “para uso oficial del gobierno de Córdoba”.

El domingo, este diario dio a conocer el helipuerto que está dentro del Riverside, a menos de 1.000 metros de la casa que De la Sota comparte con Nazario, presidenta de la Fundación del Banco de Córdoba. La obra fue realizada cuando el actual mandatario provincial ya había sido electo para su tercer mandato y está emplazada a apenas tres minutos del helipuerto oficial que Schiaretti construyó en la costanera, frente al Centro Cívico.

Después de que se publicó la noticia, tanto el vocero del gobernador, Fernando Aimaretto, como la propia Nazario y hasta la empresa Urbantec, que explota el country, salieron a decir que se trata no de un helipuerto personal del gobernador sino que es propiedad del Riverside y que se ofrece como servicio a los vecinos. Ese fue el principal argumento. Incluso, la ex ministra llegó a decir que pueden usarlo todos los riocuartenses.

Sin embargo, si es privado ¿por qué el trámite fue realizado por la Dirección de Aeronáutica de la Provincia? Pero, además, el expediente, al que PUNTAL tuvo acceso, señala expresamente dos frases clave. Inicia dejando constancia de que el trámite fue iniciado a pedido del gobierno de Córdoba. Y en el párrafo resolutivo agrega que, con la venia de los propietarios del country, al helipuerto se le expide el “uso conforme del suelo para uso oficial del gobierno de Córdoba”.

Ayer, en notas periodísticas que dio a medios radiales -PUNTAL intentó obtener su palabra pero la Dirección de Prensa de la Provincia no contestó los requerimientos de este diario-, Nazario expresó: “El helipuerto fue comenzado y terminado con todos los trámites para legalizarlo, todos los trámites están hechos porque, si no, es imposible que pueda estar operando”.

Sin embargo, las fechas dicen lo contrario. El trámite que se realizó en la Municipalidad se completó recién el 9 de abril de este año; es decir, el mes pasado, a pesar de que el gobernador viene utilizando el helipuerto desde que asumió su tercera gestión, a fines de 2011. Y en el Estado local lo único que se aprueba es el uso conforme del suelo, un requisito mínimo e indispensable para gestionar posteriormente ante la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) la habilitación de la obra como helipuerto propiamente dicho. Incluso, Nazario admitió que la ANAC todavía no hizo la inspección ni emitió la autorización correspondiente aunque culpó al organismo nacional por la demora.

Esto indica que durante 16 meses el helipuerto que ahora recibió el okey “para uso oficial del gobierno de la Provincia” funcionó sin cumplir con los requisitos mínimos que se exigen a las obras de infraestructura.

En la edición de hoy, el country Riverside publica una solicitada en la que señala que el helipuerto es privado y que pertenece a Urbantec S.A., desarrolladora del emprendimiento. Y agrega que se hizo antes de que asumiera De la Sota y que se ejecutó con fondos privados. La construcción se realizó, según la firma, por la empresa Pedrueza S.A. “gratuitamente”. Los materiales fueron aportados por Nazario, se lee en la solicitada. Y agrega que los trámites en la ANAC han sido realizados y que, hasta ahora, no hubo objeciones.

Con respecto a una cámara oculta que emitió el programa ADN, de Canal 10 de Córdoba, y en la que se señala que el helicóptero habría sido usado por familiares de Nazario, Urbantec asegura que la utilización de la obra es realizada con “aeronaves públicas y se transporta en estos vuelos a quien ejerce la primera magistratura provincial”.

A partir de la nota periodística de este diario, la oposición presentó pedidos de informes. Tanto Roberto Birri, del Frente Cívico, como Rodrigo de Loredo, de la UCR, reclamaron información sobre quién solventa el costo de mantenimiento, cuántos viajes por mes se hacen y cuál es la lista de pasajeros.