En la primera sesión de la flamante composición del Concejo Deliberante capitalino, las cuentas públicas hicieron debutar los cruces dialécticos entre oficialismo y oposición, esta vez enfrentados por la autorización que el bloque justicialista (en sus vertientes alperovista y amayista) otorgó para que el municipio ceda a favor del Ejecutivo provincial recursos coparticipables y de libre disponibilidad.

A cambio de esta delegación financiera, lo que se garantiza, según versa la argumentación oficial, es la posibilidad de hacer frente, a través de anticipos al Fondo Fiduciario, al pago de haberes para el personal municipal como así también concretar nuevas obras públicas por un monto de hasta 25 millones de pesos.

Uno de los aspectos que fueron cuestionados por los refractarios al oficialismo, fue el de haber prorrogado por cuatro años esta normativa, por lo que en los papeles, el municipio perderá su autonomía financiera durante toda la gestión del Intendente Domingo Amaya.

Asimismo, de acuerdo a lo indicado por José Luis Avignone (UCR) las objeciones se posicionaron también en recalcar que "las obras tienen que ser mediante licitación pública, porque no hay apuro de nada, es lo ideal para tornar más transparente al proceso, que se puede enturbiar con hechos delictuosos en el camino", señaló. Al mismo tiempo, se recordó que el Fondo Fiduciario al que se hace referencia no se encuentra bajo el control ni del Tribunal de Cuentas, como así tampoco de la Contaduría Municipal, cuestiones que no se ajustarían con la claridad necesaria para el manejo de los montos dinerarios afectados. Por su parte, el republicano Claudio Viña sostuvo que el proyecto tratado "fue hecho por el Intendente de una forma condicionada y no por su propia voluntad", en alusión a una hipotética presión de la administración comarcana para homologar la normativa.

Además, recalcó que el órgano deliberativo capitalino "debutó con un proyecto donde entrega todo, cede el manejo financiero y político al gobierno provincial", adujo Viña.

Quien saltó en defensa de la iniciativa fue el fiel ladero del amayismo, Germán Alfaro, quien exaltó los beneficios resultantes al aprobar esta metodología. Como argumento, indicó que "no debemos olvidarnos el municipio del 2003, quebrado, con cuatro meses de sueldos atrasados y que no aportaba ningún servicio. No existía el principio de autoridad, la institucionalidad estaba quebrada. Amaya tuvo como premisa tornar viable el municipio", recalcó.

Sin embargo, lanzó una suerte de reflexión de esta operativa legal al precisar que "esto no es lógico o normal en el desenvolvimiento del municipio para que se autofinancie". Planteó, en este sentido, que la provincia debería encarar un refinanciamiento de la deuda municipal con un plazo a 20 años, tasas ínfimas y un período de gracia de dos años para iniciar la cancelación del pasivo.

La votación terminó con el apoyo del bloque justicialista y las posturas en contra de Avignone, Viña, Roque Mendía (UCR), Roberto Ávila (PRO).