En Caleta Olivia un particular, en combinación con personal de Catastro de la Municipalidad, ofrecía y vendía tierras fiscales a personas, que no desconociendo el origen de la tierra, la adquiría por valores que oscilaban entre los 30 y 60 mil pesos.

La red interna instalada dentro de la Municipalidad lograba ingresar al “comprador” a la red informática de la comuna, los habilitaba en Catastro con impuestos “pagos” y paralelamente le extendía un Decreto de adjudicación falso.

La maniobra se descubrió cuando uno de los compradores, aparentemente sin sospechar la maniobra ilícita, concurrió a la Municipalidad para efectuar un reclamo por la operación realizada y se descubrió que “su” terreno había sido “vendido” dos veces.

A partir de allí el Intendente Fernando Cotillo radicó una denuncia penal y desde entonces la Justicia se encuentra realizando pericias informáticas en el sector de “Tierras” y comprobación de la documentación adulterada, entre ellos, decretos de adjudicación falsos y pago de impuestos inmobiliarios apócrifos.

Internamente Cotillo ha ordenado un sumario administrativo y al menos una de las personas involucradas se encuentra identificada en el sector de Catastro. Las fuentes, sin embargo, aducen que la red de complicidad es mucho más extensa dentro del municipio e inclusive se habla de funcionarios de segunda línea que tendrían (al menos) conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

Las actuaciones e investigaciones están a cargo del Fiscal Martín Sedan y la causa ha sido caratulada como “Administración Fraudulenta en Perjuicio de la Administración Pública”.

Asesores del Concejo Deliberante de Caleta Olivia confiaron a nuestro cronista que esta anormalidad se sabía desde hace un buen tiempo, pero no descartan que exista una o más personas de peso político que, aseguraron, hicieron todo este tiempo el más estricto silencio, a pesar de que las ventas eran públicas y una persona de Caleta que no tiene vinculación con la Municipalidad, era la encargada de contactar a los “clientes”.

Nuestras fuentes también aseguraron que la municipalidad finalmente no perdió nada, debido a que las tierras nunca salieron de los dominios fiscales, dado que los decretos de adjudicación son falsos. No obstante, los investigadores tienen en la mira a los compradores de los terrenos, dado que la figura de “comprador de buena fe” no sería aplicable a este caso, en virtud de que quienes realizaban la transacción, sabían de antemano que eran tierras fiscales vendidas por un particular, operación viciada de nulidad desde sus inicios, hecho éste que le permite a la Justicia poner la lupa en aquellos adquirentes de las tierras y su posible asociación en complicidad para cometer este delito