El secretario de Transporte de la Municipalidad, Raúl Merino, se las verá difícil cuando hoy, a las 8.30, los directivos de las dos empresas privadas del transporte urbano, traspongan la puerta de su despacho y extiendan la mano para tomar una copia de un decreto del intendente o resolución equivalente, por el cual el municipio se hace responsable financiero del polémico boleto para estudiantes universitarios.

Pero al municipio le queda poco margen para hacer algo distinto, como no sea diferir por algunos días la firma del decreto por el cual la Municipalidad asume la responsabilidad de decisiones tomadas por el propio Estado municipal. Esto es, rebajarle de $ 2,00 a $ 0,56 el pasaje a los estudiantes universitarios, sin que esta franquicia figure en los contratos de concesión.

El jueves de la semana pasada, las dos privadas, Ciudad de Córdoba y Coniferal, presentaron en el Palacio 6 de Julio reclamos administrativos, en donde se exige al municipio que certifique por escrito que él es el responsable de este financiamiento.

El temor es más que comprensible: como el beneficio es “universal” (todos los estudiantes de universidades públicas y algunos terciarios), ese universo teórico de 125.000 alumnos, puede llevar las finanzas de las dos empresas por debajo de la línea de flotación. La Tamse es crónicamente deficitaria. Además, a los viajes de estudiantes en sus líneas, igual terminará pagándolos el municipio.

Pocas veces las empresas del transporte han sostenido al mismo tiempo tantos frente de conflicto con el municipio. A los juicios por diferencias entre cálculos de costos y aumentos tarifarios otorgados -perdidos por la Municipalidad en el Tribunal Superior y apelados a la Corte Suprema-, se suma ahora la demagógica ordenanza del boleto universitario, sancionada por el Concejo Deliberante, vetada por el Departamento Ejecutivo y vuelta a ser sancionada con mayoría agravada por el órgano legislativo. Y todo esto sin contar un claro retraso que ya existe en la tarifa, pese al aumento de diciembre pasado.

Las empresas han notificado sobre los requisitos a los estudiantes, pero a los efectos prácticos ni uno ha viajado pagando $ 0,56. Por ahora, todos son razonables temores y lógicas prevenciones.

Pero más allá de las expectativas y demandas perentorias de los empresarios para la reunión de hoy, es más razonable conjeturar que la resolución o decreto llegará pero en días posteriores y de manos del propio intendente. Un político, finalmente, de extracción universitaria que debería contar, pese a su veto, con alguna módica ascendencia en la Ciudad Universitaria.