Como algo que ya se ha convertido en una tradición desde hace diez años, la Legislatura tucumana ratificó el decreto que faculta al Poder Ejecutivo a firmar convenios de préstamos (incluyendo la constitución de fondos fiduciarios) con Municipios y Comunas Rurales que conforman el territorio provincial, lo que se conoce comúnmente como Pacto Social.

De esta forma, el Gobierno provincial otorgará una suma cercana a los 1.154 millones de pesos, de los cuales se diversifican 833 correspondientes a la cobertura de las planillas salariales de las regiones del interior (abarca a 13 municipios) y más de 240 millones de pesos dispuestos para la ejecución de obras públicas esenciales (afecta a las 18 municipalidades), en tanto que para las comunas se destinarán 80 millones de pesos.

Uno de los puntos que acarrearon las críticas de los refractarios al oficialismo estuvo centrada en que municipios y comunas deben ceder sus respectivos recursos coparticipables a la provincia, situación que conllevaría la pérdida de su capacidad de gestión autónoma. Para el legislador Esteban Jerez, el Pacto Social violaría flagrantemente el articulado de la Constitución Nacional (5 y 123) donde se estipula que el Gobierno Federal es garante de las instituciones provinciales, siempre y cuando las mismas aseguren su régimen municipal para su administración política, económica y financiera. Consideró que, con tal esquema, a las municipalidades "se les quitó potestad recaudatoria (cuyos fondos) van a parar al Estado provincial quien reparte a conveniencia mediante un sistema de lealtades. Se trata de un avance sobre las instituciones municipales y las comunas se ven sometidas a la voluntad del Gobernador".

Por su parte, el radical Federico Romano Norri aseguró que se instruye "una centralización en el manejo de los fondos que le corresponden al interior para ser utilizadas bajo el régimen de premios y castigos para hacer política en un año electoral".

El tanto, la alocución de Osvaldo Cirnigliaro tildó a la ironía al expresar que "hablan de superávit (contemplado en el Presupuesto 2011) pero se pide plata para pagar sueldos, saldar deudas, comprar aviones. Esto refleja que no es un gobierno ordenado y vivimos en una provincia desequilibrada que fundamenta una doble moral". A lo que agregó que pese a la cuantiosa cantidad de dinero que se otorga a los municipios, "jamás aumentaron los sueldos de los empleados municipales".

Los discursos atinentes a promover las cualidades positivas de este proyecto fueron brindados, por un lado, mediante las justificaciones de José "gallito" Gutiérrez quien recalcó que mediante el Pacto "se asegura la dignificación de los pueblos del interior al expresar un puro federalismo que forman parte de un modelo político de inclusión social y redistribución de la riqueza".

En el mismo sentido se expresó Roque Tobías Álvarez: "Se trata de una herramienta eficaz que brindó calidad a la vida institucional de la provincia. No se impone ni se quita nada. Es un acto voluntario", adujo.