Desde la Dirección municipal explicaron que “en virtud de ser responsables de la tutela de los intereses de los consumidores, vemos necesario tomar todas aquellas medidas tendientes a garantizar una tutela efectiva de aquellos intereses, de modo especial a través de una actuación preventiva por parte del Estado municipal para anticipar la protección ante lesiones a abusos por parte de los proveedores de bienes y servicios”.

Seguidamente, afirmaron que “se analizó una repetida conducta de una entidad bancaria, por la cual se afectaban especialmente los derechos de los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en dicha entidad. La estrategia comercial que se ha analizado y sancionado, tiene como epicentro un aprovechamiento por parte del Banco de la vulnerabilidad especial de este sector de los consumidores”.

Entre las principales prácticas abusivas detectadas se encuentran: "venta forzosa de multiproductos, utilización abusiva de los servicios crediticios, restructuración ilegítima de deudas de los consumidores, adhesiones a cargos no consentidos ni solicitados, falta de medición de la capacidad de pago de los usuarios, estrategias de información confusa, equívoca y escueta, y afectación de una porción ilegítima del haber previsional, comprometiendo la naturaleza alimenticia las jubilaciones”.

En ese sentido, el municipio le solicitó al Juez de Faltas interviniente que“fije una multa de $2.500.000 por la violación al estatuto normativo de defensa del consumidor; la orden de abstención para que el banco  deje de otorgar servicios crediticios a jubilados o pensionados que cobren sus haberes en las sucursales de dicha entidad radicadas en el Partido de General Pueyrredon, que superen el tope del 30% de sus haberes netos a percibir.

Además, se reclamó "la readecuación de los préstamos vigentes a los criterios anteriormente descriptos; una obligación de publicar la medida adoptada en el portal web de la entidad y en la sedes físicas de sus sucursales locales; un giro informativo de esta actuación de oficio a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Mar del Plata, a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y al Banco Central de la República Argentina, a efectos de su conocimiento y oportuna intervención en la medida de sus atribuciones”.