El letrado, que representa a los vecinos, explicó que luego de su promulgación la ordenanza posibilitará frenar la subasta, ya que era la única vía que podía impedirla luego de la resolución de la jueza Eugenia Bona.

El espacio aún está registrado a nombre de la mutual AMEP, que se encargó de construir el barrio. Por una demanda laboral de un ex trabajador, se determinó el remate del predio para pagar la deuda que reclamaba el afectado.

En realidad, el terreno debió ser registrado a nombre de la Municipalidad, ya que los vecinos pagaron ese espacio como la futura plaza del barrio. Sin embargo, la mutual nunca hizo el trámite.

La misma situación se replica con las viviendas: AMEP nunca hizo las transferencias a sus propietarios, por lo que aún están registradas en la mutual.

“El B° lo construyó la mutual pero los vecinos pagaron los terrenos y las viviendas. Pero nunca se pudo hacer el traspaso a los propietarios”, explicó el abogado y alertó:

“Cualquier persona que tenga alguna deuda en contra de AMEP, podría solicitar el embargo de las viviendas”.

Iglesias consideró que esa es una posibilidad lejana, pero “tampoco pensábamos que podía rematarse una plaza”.

Ahora, el intendente Enrique Ponce tiene 10 días para promulgar la ordenanza y, a partir de allí, iniciar los trámites de expropiación.