Durante la mañana de ayer, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia procedió al desalojo de las personas que habían ocupado tierras fiscales en Kilómetro 3. Así lo informó el secretario de Gobierno, Jorge Echelini, quien señaló que basándose en sus facultades legales, la comuna retiró las mejoras que se habían instalado en el sector.

“El lugar ha quedado limpio de nuevo y queda solo una vivienda, de la que estamos esperando la orden judicial para proceder al desalojo”, manifestó Echelini. Y respecto a esa última mejora, el funcionario aclaró que el Ejecutivo pidió información al área de Tierras, quien les notificó que “se trataría de una persona a la que el municipio ya la había reubicado en otro sector de la ciudad”.

El funcionario subrayó que continúan trabajando para evitar la usurpación de tierras fiscales y como ocurrió en situaciones similares, reiteró: “no vamos a tolerar las ocupaciones ilegales y vamos a actuar en la medida de los posible. Vamos a aplicar todas las herramientas que las ordenanzas y leyes vigentes nos den”, advirtió.

Echelini recalcó que el municipio no está escapando de su obligación. Recordó que en procura de una solución al acceso a la tierra, vienen desarrollando un trabajo de relevamiento social con numerosas familias, incluidas muchas de las que protagonizaron la reciente toma.

LUGARES HABITABLES

También argumentó que las ocupaciones irregulares, como sucedió en esta oportunidad, suelen producirse en lugares que no tienen condiciones de habitabilidad, lo que agudiza el problema. “El lugar no es habitable, hay familias que deberían estar en otro lado reubicadas”, afirmó Echelini.

Reiteró que la comuna realiza un trabajo continuo en procura de otorgar soluciones, pero “somos nosotros los que decidimos dónde y cómo. No la gente”, insistió.

A la vez, Echelini explicó que antes de proceder al desalojo realizaron un monitoreo previo que duró un día. Así pudieron comprobar la presencia de vehículos cuyo precio de compra se contradice con la necesidad social que algunos ocupantes invocaban. Asimismo, dijo que investigarán de quién es la maquinaria que realizó tareas de alisamiento en el lugar y favoreció la ocupación.

El secretario de Gobierno también afirmó que a pesar de que el municipio intervino de oficio, en forma paralela radicó la denuncia en la justicia, previendo “una segunda ola de ocupación luego del primer desalojo”.

Además, Echelini evaluó que no pueden registrarse ocupaciones ilegales, sin la participación necesaria de quienes llevan las máquinas y los postes para cercar. Así, investigarán si esas máquinas pertenecen a alguna empresa que presta servicios al municipio y que con esas acciones está incurriendo en ser partícipe del delito de usurpación.