El propietario de la vivienda, Moisés Ariel Yarade, primo del diputado nacional Fernando Yarade, tomó para sí y dispuso por su cuenta, ampliar la casa y tomó parte de una plaza, levantó una pared de 1,80 metros, construyó un quincho y en la práctica la agregó un terreno más a su catastro original cédula parcelaria de la matrícula N° 143.096, sección R, Manzana 811, Parcela 2.

Yarade no es el único que invadió ese espacio. Sus vecinos de los catastros 143097 y 143098, también invadieron parte de la plaza aunque con menor cantidad de metros. La situación fue observada, denunciada por los vecinos y tomó estado público a través de una publicación de Nuevo Diario del 9 de marzo del año pasado. En principio los tres propietarios extendieron los fondos de sus viviendas en unos tres metros sobre el espacio verde.

Posteriormente el dueño de la casa ubicada en el extremo Sur, es decir en la intersección de Arias y Cortazar, avanzó sobre el terreno lindero, también parte del espacio ver y agregó a su propiedad original un espacio de 10 metros por 25, que le puso una tapia. Los vecinos señalaron entonces que la obra se había efectuado sin ningún tipo de autorización y que los propietarios hicieron caso omiso al reclamo de la dirigencia vecinal. Para entonces ya estaba vigente la Resolución 06 que disponía la demolición, pero uno los propietarios presentó un recurso administrativo.

En cercanías de las fiestas de fin de año de 2010, personal de Obras Públicas visitó el lugar para ver la forma de demolición, pero en se tuvo una contemplación especial en razón de la fecha.Sin embargo el 20 de enero de este año, el apoderado de Moisés Yarade, Fernando Quinteros y la secretaría de Obras Públicas firmaron un acta acuerdo, en el que Quinteros reconoce que su cliente " ha construido y/o edificado sobre espacio de dominio público municipal, más allá de los límites de su propiedad conforme surge de la cédula parcelaria de la matrícula N° 143.096, sección R, Manzana 811, Parcela 2 y de varios expedientes administrativos que se describen.

"En virtud del reconocimiento realizado renuncia a toda acción legal judicial o extrajudicial. Por la cláusula segunda, el doctor Quintero, se obligó, en virtud de la Resolución 06 de la subsecretaría de Planeamiento Urbano, a demoler, desalojar y retirar todos los implementos y construcciones que se encuentran sobre el espacio de dominio público, en el término de 30 días corridos. Sin embargo, ese plazo fue aprovechado para presentar un recurso de amparo ante el Poder Judicial.

La medida fue desestimada por el Juez de Instrucción Formal de 1º Nominación Martín Pérez, con lo cual la resolución original quedó firme y ayer se procedió a la demolición.