En las próximas horas, el municipio contestará finalmente la demanda presentada en su contra por Miguel Ángel Grecco y otros, vecinos del barrio Universitario.

El objetivo es que la Justicia otorgue validez a la ordenanza 16.124 que establece modificaciones al Código de Planeamiento Urbano (CPU) para las obras que se pretendan realizar en los barrios Universitario, Napostá, Pacífico y Kilómetro 5.

Como se informara en ediciones anteriores, la mencionada ordenanza dispone un conjunto de modificaciones en el CPU, luego de varios años de discusiones entre técnicos del municipio, colegios profesionales, sociedades de fomento y vecinos de los barrios involucrados.

Luego se haber sido aprobada por el Concejo Deliberante, un grupo de 10 vecinos de Universitario presentaron un amparo contra su aplicación, a la cual la justicia dio lugar al decretar la suspensión.

Ante esa circunstancia, el municipio asumió que no poder introducir esas modificaciones al CPU, el mismo debía seguir vigente en su estado original.

Sin embargo, la Justicia entendió que esa decisión resultaba “una interpretación antojadiza” y también desestimó la idea de “resucitar la normativa anterior”.

Desde entonces -tres años atrás-, todo ese vasto sector de la ciudad quedó sin una norma legal que regule la construcción, con lo cual no se puede iniciar expediente de construcción alguno, atendiendo a la inexistencia de un CPU al cual adecuar cualquier proyecto, por mínimo que sea.

“Hasta ahora se discutió la medida cautelar presentada por los vecinos. Ahora se está en condiciones de plantear la cuestión de fondo”, explicó el abogado Mariano Segre, responsable de la Asesoría Letrada del municipio.

Esta situación se genera a partir de volver al ámbito local el expediente que estaba en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, a partir de lo cual se dio intervención al municipio.

“Vamos a manifestar nuestros argumentos. Los particulares autores de la cautelar señalan la falta de una audiencia pública al momento de discutirse la ordenanza, pero la realidad es que como el cambio es favorable esa audiencia no tiene razón de ser. En este punto es la propia Cámara la que reconoce que las modificaciones que pretende introducir la ordenanza son beneficiosas para el barrio en relación a la normativa anterior”, agregó el funcionario.

Desde el punto de vista técnico comienza ahora la instancia de presentación de pruebas que el juez analizará y luego dará su sentencia.

"De acuerdo con nuestra experiencia, la situación puede quedar definida en septiembre u octubre de este año”, agregó.

En términos similares se manifestó el subsecretario Legal y Técnico del municipio, Santiago Romanelli, quien señaló que se buscará “los más beneficioso para la ciudad” defendiendo “la legalidad de los cambios que se pretenden instrumentar”, señaló.

Romanelli mencionó la necesidad de solucionar “la actual incertidumbre” en materia constructiva en los barrios involucrados.