A estas alturas ya se ha tornado una tradición la histórica puja que se desató entre la Municipalidad capitalina y los vendedores ambulantes que pululan por el centro ofreciendo sus artículos varios. Entuerto que, como todas las veces anteriores, ayer tuvo el mismo final, por todos conocidos: los cuentapropistas continúan con su labor diaria ante el fracaso de los controles y operativos implementados por las autoridades.

Al comienzo de la jornada del jueves se vivieron momentos de tensión cuando al arribar a la zona de la peatonal Mendoza en su intersección con calle Maipú, los comerciantes informales se percataron de la presencia de vehículos de la dirección de Tránsito municipal y un par de camionetas pertenecientes a la Policía Provincial.

El panorama parecía un calco a las innumerables intentonas que la Intendencia pretendió aplicar en ocasiones pasadas, a través del despliegue de agentes municipales con la orden de proceder al desalojo de los ambulantes. Y como siempre sucede, desde la otra parte se alistaron para evitar que se despeje la vía pública, puesto que, de acuerdo a sus argumentos, defienden su única salida laboral que les permite subsistir.

Esta vez, quien estuvo al frente del operativo fue el subdirector de Tránsito y Vía Pública del municipio, Juan Domingo Guevara, quien les planteó a los vendedores que debían retirarse del lugar pues así lo establece una orden judicial. Luego de algunos intercambios de opiniones efectuadas entre el funcionario y el representante de los ambulantes, Claudio Robledo, en donde se transmitió la orden de impedir que asienten sus escaparates y mercadería en la peatonal, y ante la negativa a incurrir en ello, la intención era efectivizar el desalojo. Sin embargo, repentinamente, los efectivos policiales no acompañaron a los agentes municipales para concretar el desalojo, por lo que se decidió dar marcha atrás a lo planificado, lo que fue tomado como una victoria por los comerciantes ilegales.

Sin diálogo, sin consensos

"Se jactan de que hay una orden judicial, pero se acuerdan de eso cada vez que se arriman las fiestas o que el señor Carlos Soto (interventor de la repartición de Tránsito y Vía Pública de la Municipalidad) se levanta con el pie izquierdo y es a él a quien acuso y hago responsable de si llegara a pasar algo grave en estos operativos", manifestó Robledo. Quien, además, junto a otros de sus compañeros de actividad, vigilaban que pudieran instalarse de manera normal cada uno de los puestos, sin que sean conminados a retirarse por parte de las autoridades, que vale decirlo, ya se habían alejado del lugar conflictivo, dejando solamente, quizás a modo de amedrentamiento, sus vehículos estacionados en las adyacencias del lugar.

En su contacto con la prensa, Robledo demostró su enfado ante la falta de diálogo con los funcionarios que posibiliten llegar a algún tipo de acuerdo para que la situación no tienda a repetirse en un futuro.

"No hubo ningún llamado desde el Concejo Deliberante ni desde la Intendencia y nosotros bregamos a que nos llamen porque somos gente pacífica que nos gusta el dialogo. En cambio, debemos estar parados en las esquinas tratando de cuidarnos de estos personajes de la Municipalidad", indicó.

Seguidamente, el vocero de los ambulantes se quejó de que "habiendo tanta delincuencia ponen dos camiones de Infantería y están apostados en el microcentro para desalojarnos a nosotros que sólo somos trabajadores. Esto no es justo, nos quieren quitar la fuente de trabajo, y obviamente no vamos a ir a delinquir pero me da vergüenza decir que son tucumanos estos agentes que reprimen a los trabajadores", expresó molesto.

Al ser consultado sobre la factibilidad de trasladarse a la zona de la ex terminal de ómnibus para llevar a cabo su labor y de esta forma despejar el centro, Robledo descartó la idea al aducir que "ese lugar está lleno de vendedores pero es imposible tener buenas ventas porque todo los puestos tienen ya su capital de muchos años de lucha. Pero si nosotros vamos con una mesa de metro y medio a trabajar y competir con las mercaderías que ellos tienen, nos morimos de hambre en menos de un mes".

En tal sentido, informó que ya se perciben los efectos negativos que trajo aparejada la crisis por la que debe afrontar el sector, puesto que, teniendo en cuenta las estimaciones efectuadas por Robledo, el año pasado eran alrededor de 155 vendedores a los que él representaba, guarismo que en la actualidad disminuyó a 65 trabajadores, dada la imposibilidad de sustentarse con este tipo de empleo informal.

En tanto, fue el propio intendente Domingo Amaya quien señaló que existe la decisión de erradicar a los ambulantes del microcentro, pero, a la vez, llamó la atención a los medianos y grandes empresarios, al remarcar que "hay que trabajar con los comerciantes ya que hay vendedores ambulantes porque alguien les provee (la mercadería)", aseveró el Jefe Comunal.

Relacionado a ello, Robledo reconoció que se establece esta suerte de acuerdo comercial entre estas dos partes, aunque se mostró reacio a profundizar sobre el tema y más precisamente a identificar a sus proveedores. "No puedo responder esa pregunta por una cuestión de códigos que uno tiene, en su momento, si tengo que dar nombres, con facturas y dirección de las casas de comercio los daré, pero no queremos llegar a eso porque no nos importa, sino venir y trabajar para llevar el pan de todos los días. Nosotros sabemos a quién le compramos la mercadería pero no lo diremos, nos interesa llegar a un dialogo y consensuar", explicó.

Otra de las cuestiones denunciadas por Robledo fue un operativo similar realizado durante la semana en la localidad de Monteros, donde hasta incluso se advirtió que la policía del lugar concretó detenciones de algunos ambulantes que se resistieron a ser desalojados de la zona en la que se encuentra la terminal de ómnibus de dicho distrito, según lo señalado por Francisco Albarracín, Mariel y Miriam Suárez, vendedores que, denuncian, fueron agredidos física y verbalmente por los efectivos.

De “La Saladita”, ni hablar

Como se recordará, en los últimos meses se analizó la posibilidad de trasladar a los ambulantes al predio del ex Provincial, ubicado en avenida Roca y Ayacucho, incluso hasta se elaboró un proyecto desde el sector comandado por Luis Lobo, otro de los referentes con el que cuentan los comerciantes informales en la Provincia.

En torno a ello, Robledo desechó primeramente la propuesta, conocida como "La Saladita" tucumana, pues indicó que "no tenemos nada que ver con esa idea, que fue de Lobo, quien salió a hablar en representación de todos los vendedores del micro y macrocentro, pero tuve que salir a desmentirlo porque el único representante soy yo. Ahora, si ellos (los demás ambulantes) quieren irse para allí, son dueños, pero si se les consulta, ninguno de los vendedores quieren irse a esos predios. Porque sabemos que no tenemos capital para sustentarnos dado que nosotros trabajamos el día", justificó Robledo.

Referido a la hipotética instalación del mega centro de compras informal, Domingo Amaya dijo desconocer la iniciativa y aclaró que "lo único que nosotros dispusimos y disponemos es un lugar muy céntrico que es la ex terminal de ómnibus, donde ellos pueden establecerse". En este sentido, agregó que por dicha infraestructura, los vendedores "al municipio no tienen que pagarle absolutamente nada. Es el único lugar que estamos en condiciones de autorizar, porque es propiedad del municipio".

Finalmente, Robledo dejó en claro su postura referido a los innumerables operativos que se dispusieron para sacarlos del centro y el rechazo que presentan ante las disposiciones infructuosas del Municipio. "No nos vamos a ir de la calle, somos trabajadores y vendedores informales y lamentablemente si proceden a un operativo resistiremos a como dé lugar", sentenció.

Reconocen que los boliches funcionaban ilegalmente

El Intendente Domingo Amaya se refirió a la polémica suscitada en torno a las clausuras que se llevaron a cabo en los boliches que funcionaban en las adyacencias del ex Abasto, justo hasta después de la radicación en el lugar del hotel Hilton.

Al respecto, el Jefe Comunal justificó el cierre de los establecimientos al remarcar que "tienen que cumplir la norma, nadie les impide que trabajen. Se tienen que adecuar a las normas y así vamos a terminar con la impunidad. No tenemos que pensar individualmente en los que tienen los boliches, sino debemos pensar en el vecino", señaló.

A su vez, trató de explicar el por qué del hecho que las inspecciones se realizaron una vez que la cadena hotelera se instaló en la zona. "El problema es la inversión que se tienen que hacer para que sean boliches. Antes de la inauguración no estaban permitidos, que funcionen ilegalmente no significa que se permitan, por eso estamos haciendo los controles seguidamente. Ahora hay una decisión política firme porque se les habló a los dueños, les dimos un tiempo por eso seguían funcionando. Como en ese tiempo no se adecuaron a las normas, hay que clausurarlos", adujo Amaya.