“El gobierno tuvo una actitud autoritaria”. En esos términos definió el Soyem la medida unilateral adoptada por el Ejecutivo, que fija pagos y plazos del plus salarial por Resolución. “Práctica desleal y violación de la buena fe”, fueron otros de los calificativos del gremio al procedimiento del Gobierno. Convocaron a una asamblea para mañana a las 8 de la mañana en el Corralón Municipal.
Ayer por la mañana se dio por finalizada la instancia de conciliación obligatoria entre el Gobierno y el Soyem, ante la Delegación de Trabajo de la Provincia. A las 9, el Ejecutivo presentó un escrito, en el que se adjuntaba la resolución firmada ayer por la Intendenta, en la que se establece una serie de pagos y plazos de cancelación de montos fijos, que se adosarán a los salarios de los trabajadores municipales.
Ante la notificación por escrito del cierre de la etapa de conciliación obligatoria, y la ausencia de funcionarios del Ejecutivo ayer por la mañana en la Delegación de Trabajo, la conducción del Soyem improvisó una conferencia de prensa, en la que arremetió en duros términos contra el proceder del Gobierno de Martini: “El Ejecutivo tuvo una actitud autoritaria”, definió el Secretario Adjunto del Soyem, Juan Fuentes, quien le recriminó al Gobierno haber “violado las buenas prácticas y la buena fe de esta entidad gremial que cumplió con cada una de las audiencias de conciliación”.
Además, Fuentes calificó de “práctica desleal" el proceder, y le reprochó haber “salido a los medios” a anunciar la medida, rompiendo un pacto de confidencialidad que ambas partes mantenían, sobre los pormenores de la frustrada negociación. “Como gremio mantuvimos nuestra palabra, no salimos a los medios”, recalcó el dirigente ante la prensa local.
En tanto, vinculó el “autoritarismo de un Gobierno, que coincide con el de otras autoridades a nivel nacional”.
En cuanto a la asamblea de trabajadores prevista para analizar los pasos a seguir a partir de la medida del Gobierno, el gremialista prefirió no anticipar hora y lugar, pero no descartó la toma de medidas de fuerza. “Vamos a analizar si hacemos retención o no de servicios, si quisiéramos, motivos nos sobran: no se hacen las verificaciones técnicas a los vehículos, los trabajadores no tienen el equipamiento correspondiente, el pasado viernes no había gasoil, por mencionar algunas de las falencias”, aclaró.
Por último, Fuentes recordó que cuando comenzaron las tratativas para obtener una recomposición salarial, públicamente, la Intendenta desechó de plano todo incremento. Y ahora, “logramos que se unifique a los trabajadores bajo esas sumas no remunerativas. Con lo que estamos en desacuerdo, es con la forma en la que se procedió”, concluyó. (Agencia de Noticias Bariloche)
Decisión del Ejecutivo pasará a la Justicia laboral
Por abrupto cierre de conciliación intervendrá justicia laboral. Así lo anticipó el Delegado de Trabajo, que elevará un pormenorizado informe del proceso de conciliación obligatoria entre el Gobierno y el Soyem, interrumpido luego que el Ejecutivo estableciera el plus por Resolución. Para Trabajo, no se respetaron tratados internacionales laborales.
Golpeó fuerte la determinación unilateral del Gobierno de fijar pagos y plazos, fuera del ámbito de la conciliación obligatoria. Además de los reproches del gremio Soyem, la Delegación de Trabajo, exteriorizó su molestia por el proceder del Gobierno, y anticipó que se dará intervención a la Justicia laboral en el asunto.
“No vemos necesidad de seguir con esta instancia, a partir de la presentación que hizo el Gobierno ayer por la mañana. Pero, en principio, evaluaremos en una Resolución (del proceso de conciliación obligatoria entre Gobierno y Soyem) el alcance de la medida que tomó el Ejecutivo de manera unilateral en el marco (de vigencia) de la conciliación”, anticipó, el delegado de Trabajo, Esteban Romero.
Consideró que “se debía respetar el principio de buena fe de las partes” e incluso, “tratados internacionales de trabajo” y que sin embargo, se notificó formalmente de la medida “recién hoy (por ayer) a las 9 horas”, criticó.
Consideró que la propuesta del Gobierno, “hubiera sido prudente que se presentara en el marco de la conciliación, tal como lo establecen los antecedentes y fallos judiciales”.
Ante lo expuesto, Romero elevará una “fundada” Resolución a la Justicia Laboral, que incluirá el detalle de las siete audiencias en conciliación obligatoria, que deberá dictaminar sobre el no arribo a un acuerdo entre las partes, luego de la medida del Ejecutivo.
Además anticipó que la Delegación se abstendrá de volver a incursionar en el conflicto, hasta tanto la Justicia laboral se expida.
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