Cansados de esperar soluciones concretas, más allá de las distintas respuestas obtenidas durante este tiempo, los trabajadores tomaron tal decisión, solicitando al gobierno provincial la intervención del municipio. Por su parte, desde el Ejecutivo municipal sostienen que la causa está judicializada y van a esperar una sentencia definitiva para acatar la decisión judicial y obrar en consecuencia.

Causa judicializada

El último antecedente judicial fue brindado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien rechazó a favor de los trabajadores un planteo de queja realizado por el municipio. Antes, a través de medidas cautelares, la justicia ordenó al intendente la inmediata restitución en el cargo de todos los empleados y el pago de sus haberes.

Sin embargo, desde el municipio, argumentan que la causa sigue su trámite, con apelaciones de por medio, por lo que el último fallo resulta provisorio. Es que entienden que tal regularización laboral efectuada a finales de 2007 fue desordenada y sin presupuesto previsto. “Apelamos todas las instancias y ahora estamos manejando un fallo provisorio. Es decir, sigue judicializada la causa, por lo que si la justicia falla a favor del municipio o en contra, vamos a acatar la decisión que sea”, aseguró a NORTE, el secretario de Gobierno, Raúl Ramón Peña.

Mientras, unas 20 familias aguardan una respuesta favorable, ya que en todo este tiempo carecieron de una fuente de ingresos para solventar sus gastos económicos diarios y hasta muchos de ellos tuvieron que dejar de mandar a sus hijos a la escuela. Esta situación, incluso les impide conseguir otro trabajo “en blanco”, porque continúan figurando como empleados de planta del municipio, más allá de la manera irregular con la que hayan obtenido esta condición en los últimos días de gobierno de José Alegre.

En el mediodía de ayer, una mesa de diálogo mantenía una reunión en Casa de Gobierno, con el propósito de arribar a una salida. Fue el subsecretario de Trabajo, Enrique Paredes quien se acercó hasta el corte de ruta y propuso la iniciativa. Por los trabajadores participaron Alejo Sosa (Sindicato de Trabajadores municipales de La Verde), José Carabajal (secretario de la Federación de Empleados Municipales) y el propio intendente Héctor Grabre. Dependía de ese encuentro el futuro de las medidas a implementar por parte de los trabajadores involucrados.

Situación laboral

Veinte empleados municipales arrancaron el conflicto. Según los propios protagonistas, hoy quedan 17 los que reclaman la reincorporación laboral, con sus respectivas cargas sociales. Sin embargo, ni en este punto se ponen de acuerdo manifestantes y municipio, ya que el secretario de Gobierno argumenta que son 13, porque siete arreglaron su continuidad laboral mediante contratos y uno de estos pasó a la planta permanente del municipio el pasado 1 de julio.

“Hay cinco instancias judiciales ganadas. Grabre hizo una queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue rechazada. Sin embargo se mantiene en la postura de no reincorporarnos”, dijo a este diario apostado a la vera de la ruta nacional, José Cáceres. Junto a él, Julio Galarza, Cirilo Blanco, José Peón, Hernán Cáceres, Ramona Gómez y Víctor Caballero, entre otros, sostienen lo mismo. Incluso, esta parte maneja la posibilidad de pedir “un juicio político” contra el intendente, por desobedecer las órdenes judiciales, pero se encuentran con que “el Concejo está de parte de él”. Así, solicitaron la intervención del gobierno y que se acate el fallo judicial: “Si no nos quieren dar trabajo en el municipio, que nos deriven a otras instituciones. Lo único que queremos es trabajar”, agregan.

Respecto a esta situación laboral, desde el municipio también tienen lo suyo para decir. A través de un acta firmada por las partes, habilitaron un cuaderno provisorio, donde los trabajadores involucrados registran su firma de ingreso y egreso al empleo, hasta tanto la justicia dicte un fallo definitivo. “Algunos de ellos vienen y firman a diario, pero no podemos asignarles ningún trabajo. ¿Quién se hace cargo del sueldo?”, se interrogó el secretario de Gobierno. Por día, unos 5 o 6 trabajadores cumplen con el acta rubricada oportunamente.

“Lo que el municipio reclama es la forma irregular que ingresaron a trabajar. Entendemos y conocemos la situación de cada uno de los empleados, pero no podemos asumir un costo que no vamos a poder pagar”, indicó Peña. Así agregó: “Hubo una falta total de ética en la gestión anterior”.

“La municipalidad va a agotar todas las instancias y una vez que haya sentencia vamos a acatarla”, concluye, no sin antes recordar los distintos intentos por descomprimir esta realidad: “Quisimos darles respuestas, pero nunca hubo unanimidad de criterios en los pedidos”, finalizó. Mientras, 20 familias esperan una solución para poder seguir viviendo.