A mediados de 2011, los inspectores municipales iban casi a diario a los autoservicios Belodi, Don Luis Nº 1 y Don Luis Nº 2, de Paraná. Labraban infracciones, multaban, decomisaban mercadería constantemente, hasta que recibieron las quejas del dueño, Javier Franzoni, por el hostigamiento que le afectaba la actividad comercial. Le ofrecieron un simple acuerdo: pagar en concepto de coima 1.500 pesos mensuales, a cambio de no recibir más inspecciones ni controles.

En la negociación, el comerciante logró bajar el pago a 400 pesos, pero poco después los problemas continuaron. Le llegó una multa y fue a quejarse, pero le pidieron más dinero. Cansado de la situación de abuso, Franzoni decidió ir a la Justicia a denunciar a los jefes de Departamento de la Dirección de Inspecciones Comerciales de la Municipalidad.

Así comenzó una causa que hoy tiene a Héctor Aníbal Zapata procesado por la Justicia por el delito de Exacciones ilegales, que conlleva una pena de entre uno y seis años de prisión. Un compañero suyo de la misma área de trabajo también fue señalado como cobrador de coimas por el denunciante, pero todavía faltan pruebas en su contra.

La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 7, a cargo de Elbio Garzón, y el fiscal es Juan Francisco Ramírez Montrull. En la primera instancia, el juez había sobreseído a los dos imputados, pero tras la apelación del fiscal ante la Cámara del Crimen se dictó la falta de mérito para uno de ellos y el procesamiento para Zapata.

Según se pudo reconstruir en la investigación, a partir de varias declaraciones testimoniales, el cobro de coimas se produjo entre mayo y agosto de 2011. En mayo, Franzoni concurrió a la oficina de Inspecciones Comerciales que funciona en el edificio de las cinco esquinas a efectuar el pago. Al mes siguiente, Zapata habría ido al supermercado de calle Alejandro Carbó a cobrar por su cuenta la coima, donde lo vieron con un yeso en una pierna. En julio y agosto el comerciante le encargó a un empleado ir a la oficina de la dependencia municipal para llevar un sobre con los 400 pesos.

Luego de la denuncia y la instrucción judicial de la causa, Zapata fue cesanteado de la Municipalidad de Paraná, en tanto que su compañero quedó suspendido por 20 días. Los acusados se presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia con un recurso de amparo, argumentando que no pueden ser echados de su trabajo hasta que se demuestre su responsabilidad en los hechos. Finalmente, el STJ resolvió a su favor, por lo que siguen trabajando en la comuna paranaense, al menos hasta que el caso llegue a juicio oral y público y reciban una condena con sentencia firme.

Ahora continuará la investigación con algunas medidas pendientes que pedirán las partes al juez, con el fin de esclarecer si se cometió el delito y qué responsabilidad le cabe a cada uno en los hechos denunciados.

La pena para los coimeros

Héctor Zapata está procesado por el delito de Exacciones ilegales, según lo que describen los artículos 266 y 268 del Código Penal. El primero, establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrase mayores derechos que los que corresponden”. El otro reprime con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, al funcionario que convirtiere en provecho propio o de tercero las mencionadas exacciones.