La denuncia por la estafa millonaria en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con las internaciones domiciliarias que actualmente tramita en la Justicia de La Plata, que fue anticipada por Hoy la semana pasada, generó un verdadero cimbronazo en el seno de la obra social. Y produjo inesperadas derivaciones que salpican a las más altas autoridades de la institución.

Concretamente, a la redacción de nuestro diario, llegaron múltiples denuncias respecto a manejos oscuros que realizarían las empresas que prestan este servicio, que son objeto de investigación judicial. Por ejemplo, distintas fuentes consultadas afirmaron que la gran mayoría de estas compañías serían pantallas de oscuros negocios, actuando como meras intermediarias que se quedan con gran parte de los aportes que realizan la obra social por servicios que se prestan deficientemente o que se pagan sin que se concreten (ver aparte).

Pero eso no es todo: funcionarios salpicados en la causa judicial –iniciada por la Asociación de Profesionales del IOMA- que instruye la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, como es el caso de Antonio Nardella, que hasta el año pasado fue Director de Programas Específicos y actualmente es el titular de la dirección de Auditoria y Fiscalización Médica Ambulatoria, también serían protagonistas de presuntas irregularidades que existirían con prácticas bioquímicas. Otro nombre que aparece en las denuncias, recurrentemente, es el del Director General de Prestaciones, Nicolás Vitale. Ambos responden al presidente del IOMA, Antonio La Scaleia.

Actualmente, la Federación Bioquímica de Buenos Aires (FABA) y el IOMA tienen un convenio vigente que implica una recaudación mensual de al menos 30 millones de pesos mensuales, en concepto de la cápita que paga la obra social y los bonos que abonan los afiliados por las prácticas realizadas.

Según denuncian numerosos afiliados, habría numerosas prácticas de laboratorio que no serían reconocidas, lo que lleva a que tengan que pagar de su bolsillo el costo del análisis o estudio, que supera varias veces lo estipulado por el IOMA.

Para recuperar el dinero, los afiliados deben pedir al directorio del Instituto el reintegro del dinero aportado. Se calcula que el 90% de los afiliados que pagan prácticas bioquímicas no recurren a este camino ante los extenuantes trámites que deben realizar, que suelen demandar no menos de 8 meses, lo que implica –con la inflación actual- una pérdida del valor del dinero que deben recibir.

Según pudo saber Hoy, a partir de una resolución del directorio del IOMA del año pasado, se estableció un incremento escalonado del 18% de la cápita que paga la obra social a los bioquímicos por cada práctica, quedando establecido el valor capitario en $13,20, cifra que tuvo un aumento del 8% a partir de octubre. También se registró un aumento del valor de copago, conforme al siguiente detalle:

A) Hasta 6 prácticas: $20

B) Más de 6 prácticas: $30

C) Prácticas de alta complejidad: $10, por una o más prácticas.

La trampa del convenio radica en que la FABA se autocontrolaría. La auditoría es realizada en el mismo seno de la Federación, quedado a criterio de esta institución cuáles son las prácticas que tienen cobertura del IOMA y cuáles deben ser pagadas por el afiliado. Como era de esperar, la situación generó múltiples denuncias que llevaron, en diciembre del año pasado, a que se hiciera una reunión en la que participó el mencionado Nardella, el vicepresidente de Faba, Gabriel Bastiano y el encargado de relaciones con obras sociales, Ricardo Miguez; con distintos integrantes del Consejo Consultivo Gremial del IOMA. Allí las autoridades intentaron defender el convenio, responsabilizando a los médicos por “desconocer el protocolo” y generar discrepancias entre el diagnóstico y las prácticas solicitadas.

En ese sentido, se dio a conocer una guía de autorización automática, con las prácticas autorizadas por cada diagnóstico o patología. Hubo un compromiso de que esta guía se iba a dar a difusión pública para todo el personal médico. Pero ello no ocurrió. Al día de hoy, prácticamente ningún profesional médico de la provincia sabe de la existencia de esta guía.

Ante esta situación, surge el siguiente interrogante: ¿Dónde va a parar todo el dinero aportado por los afiliados que paga por las prácticas no autorizadas? Se habla de la existencia de una oscura caja política. Incluso, hay dudas respecto a los reintegros que efectivamente se realizan sean descontados de las cápitas que le paga el IOMA a la FABA.

Los efectos que están causando los presuntos actos de corrupción en el IOMA son devastadores. La calidad de las prestaciones que reciben los 2,1 millones de afiliados viene en caída libre y, en un contexto de crisis como el que vive la Provincia, se teme que no se pueda seguir cumpliendo en tiempo y forma con toda las cobertura de la obra social bonaerense.

La lupa en las internaciones

Las internaciones domiciliarias serían una de las cajas negras más importantes del IOMA al mover, aproximadamente, unos 80 millones de pesos por mes.

Las fuentes consultadas por Hoy afirman que actualmente el IOMA está pagando unas 9000 internaciones domiciliarias. Y casi todas ellas, presentan irregularidades: médicos que no visitan a sus pacientes, empleados de las empresas prestatarias que no tienen título profesional, pero que igual realizan tareas médicas y/o de rehabilitación; trabajadores que cobran en negro, etc.

Una práctica que sería habitual sería cobrar prácticas kinesiológicas a domicilio y terminar mandando a simples masajistas. De esta manera, el IOMA paga 70 pesos por sesión, mientras que la persona que finalmente termina haciendo el servicio percibe no más de 30 pesos. Y, para colmo, se le hace firmar a los pacientes y/o sus familiares la conformidad por un servicio que jamás se prestó. Como prácticamente no existen auditorías en terreno de las internaciones domiciliarias, se sospecha que gran parte de estas prestaciones no se concretan. De hecho, de acuerdo a testimonios aportados por testigos de identidad reservada, se habría detectados numerosos casos de personas fallecidas que figuran como afiliados con prestación activa y otras personas que jamás se enteraron que estuvieron internadas.

Tarde, ¿pero seguro?

Una clara muestra de la impunidad que rodea a los funcionarios del IOMA que cometen actos de corrupción lo demuestra el hecho de que, luego de 21 años, recién ahora está siendo juzgado un exvicepresidente de la institución.

Ayer, la fiscal de delitos complejos de La Plata Victoria Huergo pidió la pena de tres años de prisión para el exvicepresidente del IOMA Jesús Oscar Varela, y dos años para María Elena Jesús Dios, una exempleada de la Cámara de Diputados bonaerense. El alegato fue formulado en el juicio oral que se sigue a ambos acusados por la autorización a sola firma, en el año 1993, de costosas operaciones médicas sin controles y mediante “favores políticos”, tal como reseñó la fiscal. Huergo imputó el delito de peculado al acreditar el desvío de fondos públicos en beneficio propio y de terceros.

Varela fue vicepresidente de la obra social de los bonaerenses entre 1992 y 1996. Para la fiscalía, la imputada habría presentado documentación apócrifa relativa a la facturación de los gastos que demandaron la internación y cirugías de su hijo en la ciudad de Dallas (EE UU), para las cuales le habían otorgado 42.500 y 52.000 pesos.