La polémica desatada en Uruguay por la intención del presidente electo José Mujica de pagar su ceremonia de investidura del 1 de marzo con aportes de empresas quedó zanjada tras un acuerdo en el que la parte oficial de los festejos será asumida por el Estado y la artística por privados.
La idea de Mujica de pedir a un grupo de empresas 15.000 dólares cada una para los gastos de la asunción y dedicar el dinero del Estado a financiar viviendas generó importantes choques entre el mandatario electo y dirigentes sindicales. La medida considerada por Mujica como un ejemplo de la austeridad que quiere aplicar, fue vista esos dirigentes como un intento de "privatizar" una fiesta que pertenece al pueblo uruguayo.
Uno de los líderes del PIT-CNT, la principal central sindical de Uruguay, Richard Read, consideró "del punto de vista republicano, el cambio de mando, en cualquier país del mundo, es un acto constitucional e institucional; el que asume no es el presidente del Frente Amplio sino de todos los uruguayos". En ese sentido, Read afirmó que el acto debe ser costeado en su totalidad por el Estado "de acuerdo a su bolsillo".


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