RIO TURBIO (Corresponsal).- La inusual manifestación de dos trabajadoras municipales que fueron cesanteadas por el municipio de Río Turbio en enero último finalizó el viernes por la tarde, cuando se encontraban en el paraje de La Esperanza, con la mediación del gobernador de la provincia de Santa Cruz, a quien iban a plantearle su reclamo, en persona, a la ciudad de Río Gallegos

La medida se había iniciado el pasado miércoles, cuando Cristina Ríos y María del Pilar Yedro emprendieron su marcha a pie hacia Río Gallegos. Esperaban arribar hoy lunes, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, a plantearle al mandatario provincial su postura respecto a la cesantía y a lo que consideran una situación de "violencia laboral" en el municipio de Río Turbio.

Tal como se informó anteriormente, el conflicto surgió en setiembre del año pasado cuando, desde la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna, se decidió la reestructuración del área Casa de la Mujer y la Tercera Edad, lugar donde trabajaban ellas y otro grupo de mujeres.

A raíz de la visita que el mandatario provincial realizó el día viernes a la cuenca carbonífera, a su regreso a la capital se acercó a las manifestantes y tras dialogar con ellas, se acordó que las trabajadoras pasarán a depender de ahora en más del Ministerio de Asuntos Sociales, en ámbito del Hospital de la Cuenca Carbonífera, manteniendo su planta y antigüedad laboral, afectadas ahora a un organismo provincial.

Según trascendió, la propuesta no era nueva y era parte de un acuerdo al que se había arribado en diciembre pasado con el propio ministro Matías Mazú, quien además es referente político de las manifestantes, integrantes de la Agrupación "El Aguante", que forma parte de la estructura política del ex intendente y actual ministro de Asuntos Sociales, cuyos militantes acompañaron la caminata de las dos mujeres. En diálogo con el gobernador, las trabajadoras habrían manifestado no conocer esta propuesta.

OTRAS INSTANCIAS

El Decreto 4304/09 fue el que determinó la cesantía de tres empleadas: Ríos, Salazar y Yedro, por situaciones que se originaron tras la reestructuración de la Casa de la Mujer y la Tercera Edad, en setiembre pasado.

Luego de establecer resistencia a la decisión municipal y no acatar los nuevos destinos dispuestos, se produjo la toma del sector y cuando se les inició sumario administrativo, las trabajadoras iniciaron acciones judiciales, obteniendo sólo tres de ellas una medida cautelar de "no innovar", tras lo cual debían volver a los lugares de trabajo asignados.

Las empleadas justificaron su inasistencia de alrededor de 60 días con distintos partes médicos, según informó la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, y se registran faltas sin aviso desde distintas fechas de noviembre de 2009, "no aportaron más partes médicos y recién volvieron a trabajar el 23 de diciembre". En total, se habían acumulado entre 29 y 53 días de ausencias injustificadas.

Previo a hacerse efectiva la cesantía y que el decreto quedara firme, hubo una instancia de "indulto" otorgada por el municipio, como última oportunidad de recapacitar sobre sus obligaciones como empleadas municipales, a cambio de que desistieran de las medidas judiciales y de acción directa iniciadas contra la comuna.

La propuesta fue aceptada por la empleada de apellido Salazar, quien continúa trabajando normalmente y tanto Ríos como Yedro rechazaron esta instancia.