A 15 días de la dudosa muerte de Leonardo Adolfo Rodríguez Contreras (31), ocurrida el 16 de enero pasado dentro de la comisaría 27 de Godoy Cruz, la investigación se encuentra "stand by" a la espera de que la necropsia establezca si fue un suicidio o un homicidio.

Cualquiera sea el resultado de la pericia del forense, no sólo se investigará a los uniformados que tenían que custodiar al detenido, sino también a los que los detuvieron. Es que no se descarta que la detención del joven Rodríguez fuera realizada de forma irregular por lo que los policías podrían ser investigados también por el delito de privación ilegítima de la libertad.

La Ley de Policía que está vigente desde 1999 establece (en el artículo 12) que la policía puede limitar la libertad de las personas (detenerla) cuando así lo establezca la Justicia; cuando esté cometiendo un delito o falta; y tercero por averiguación de antecedentes. Este sería el caso del joven Rodríguez. 

Pero esta "averiguación de antecedentes" no puede hacerse de forma indiscriminada ni por "portación de cara", sino de la siguiente forma: "cuando fuere necesario conocer la identidad y antecedentes de una persona,  en razón de conductas, circunstancias, conocimientos previos o actitudes que  razonablemente induzcan a sospechar que ha cometido un delito o está a punto de  hacerlo, que se trata de un prófugo de la Justicia o representa un peligro real  para otros y se negare a informar sobre su identidad o a responder a otros  requerimientos sobre sus circunstancias personales.

Tales privaciones de  libertad deberán ser notificadas inmediatamente a la autoridad judicial  competente y durarán el tiempo estrictamente necesario, el que no podrá exceder  el término de doce (12) horas. Finalizado este plazo, en todos los casos la  persona detenida deberá ser puesta en libertad o, cuando correspondiere, a  disposición de la autoridad judicial competente".

Por otra parte, los policías podrían haber faltado a algunos apartados del artículo 12: "Cualquier privación de la libertad de las personas deberá practicarse de forma que evite perjudicar al detenido en su integridad psicofísica, honor, dignidad y patrimonio", además de informarle las razón concreta de la privación de su libertad y también sus derechos: (un llamado telefónico, un abogado, reconocimiento médico y "Si la persona privada de su libertad fuere un menor de edad o un incapacitado, la autoridad policial bajo cuya custodia se encontrare deberá notificar en forma  inmediata las circunstancias de la detención y lugar de custodia a quienes ejercieren la patria potestad, la tutela o guarda de hecho del mismo y, si ello  no fuere posible, lo informará inmediatamente a la autoridad judicial  competente".

Un caso dudoso

Leonardo  Rodríguez fue detenido por averiguación de antecedentes, cerca de las 2  del 16 de enero en Paraguay y Corredor del Oeste, en Godoy Cruz. Luego fue llevado en un móvil policial hasta la comisaría y algo que debía ser un trámite -sólo había que notificarle una citación judicial a un juzgado de Flagrancia- terminó en una muerte.

Cerca de las 3.36, un uniformado hizo un control rutinario en los calabozos y encontró sin vida a Rodríguez. La versión oficial indica que se habría ahorcado con una remera.

El caso es investigado por el fiscal Especial Daniel Carniello. 

Ante el pedido y las dudas de los familiares, algunos instituciones como Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional Mendoza,  Xumek y familiares de víctimas de gatillo fácil, están siguiendo el caso con sus respectivos abogados. Lo mismo que  la Secretaría de Derechos Humanos y la Asociación de Abogados por la Justicia Social (AAMJUS).