En el marco de las actuaciones investigativas llevadas a cabo por el Juzgado Penal de Instrucción de la 2ª Nominación de Santa Fe, a cargo del juez Nicolás Falkenberg, y a raíz de la denuncia de sustracción de alrededor de 50 expedientes en la oficina de Coordinación Notarial de la Dirección Provincial de Vivienda que radicara el escribano Javier Robaina, se realizaron una serie de procedimientos legales en el transcurso de esta semana.

Cabe aclarar que Notife.com dio cuenta hace una semana de este robo, ocurrido hace 10 días en el registro notarial de la dependencia pública. También se informó que se había iniciado actuaciones judiciales a partir de una denuncia hecha por funcionarios de Vivienda en sede policial, concretamente, en la Seccional Primera (Ver Notas Relacionadas).

La primera de las diligencias ordenadas por el magistrado de instrucción se desarrolló en horas de la tarde-noche del martes pasado, en los domicilios particulares de las empleadas denunciadas - una de ellas la escribana Claudia Dechanzi - donde se procedió a allanar los mismos con resultado negativos en ambos casos.

El segundo se registró a partir de las 9 horas de la mañana del pasado miércoles, en la oficina de la Coordinación de Asuntos Notariales de la DPVyU -ubicada en la calle Presidente Illia 1377- que se hallaba cerrada, con fajas de seguridad desde el día de la denuncia.

Con la presencia del Jefe de la Comisaría Primera, Julio Tarragona, un oficial de policía que lo auxiliaba, los testigos de rigor, el denunciante, las personas denunciadas y la Directora Provincial de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino, se procedió a secuestrar de la oficina perteneciente al escribano Javier Robaina (que está a cargo de la oficina notarial) dos cajas de expedientes del lugar.

Tarragona informó al juez Falkenberg las actuaciones realizadas y el magistrado autorizó verbalmente al funcionario policial a llevar adelante el secuestro de las cajas. Dentro de las mismas se encontraron alrededor de 15 expedientes, aunque fuentes allegadas a las personas denunciadas aseguran que fueron 40, y que pertenecerían al mismo rótulo que los denunciados como sustraídos. La nómina de lo documental fue detallada y asentada en un acta, que firmaron todos los presentes, incluso, un familiar directo de una de las escribanas denunciadas.

Para los asesores legales de las acusadas del hurto, “resulta sorprendente que las cajas de expedientes que se denunciaran como sustraídas fueran encontradas en la misma oficina del denunciante –es decir, de Robaina- ya que desde el momento en que se efectuara la denuncia hasta el día de la fecha la oficina se encontraba cerrada con llave y con custodia policial”. Para los funcionarios de la Dirección de Vivienda “es totalmente falso y fácil de probar que los expedientes secuestrados sean los mismos que los denunciados como robados”. Una fuente judicial dijo esta mañana a Notife que “el expediente no ha llegado aún al magistrado porque se sustancia todavía el sumario policial, pero podemos advertir que hubo desprolijidades en el procedimiento policial del pasado miércoles en la Dirección de Vivienda”, señaló.

Para algunos funcionarios de la DPV yU “el juez demoró mucho en ordenar los allanamientos, casi una semana, tiempo prudencial para corregir y arreglar cualquier cosa”. Por cierto, algunos testigos de la sustracción de los expedientes del registro notarial hace 10 días, comentaron que fueron amenazados por un grupo que ingresó a la dependencia a llevarse los documentos”.

Este jueves, aparecieron panfletos en adyacencias a la dependencia pública que acusaban a funcionarios de la Dirección de Vivienda de haber hecho una denuncia falsa. “Es típico de cobardes, son anónimos. Estamos confiados que la justicia pondrá blanco sobre negro todas las responsabilidades, porque estoy detrás de esto hay conductas mafiosas”, dijeron.

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