Movimientos ¿políticos? en dos delegaciones del Partido

A partir de su primera gestión como intendente de Pergamino, iniciada en 1999, Héctor Gutiérrez –oriundo de la zona rural- hizo saber su voluntad de ceder a favor de los ciudadanos la potestad del Ejecutivo de designar los delegados de los 12 pueblos de campaña.

Fue así que para la siguiente elección legislativa, en 2001 –previo una experiencia piloto en la localidad de Urquiza-, los habitantes de los pueblos ya pudieron elegir a su representante comunal, lo que ubicó a Pergamino como único Municipio (hasta el día de hoy) en aplicar esta modalidad.

Esta decisión de Gutiérrez (reflejada en el Decreto Nº 1459/01) se lleva a la práctica cada cuatro años, coincidentemente con los comicios generales, y por ser unilateral y voluntaria, es necesario convocar al voto por decreto y constituir una junta electoral ad hoc ya que tanto las nóminas como padrones específicos no se encuentran contemplados en los órganos que regulan los procesos eleccionarios en el país.

No obstante la potestad de designar o deponer delegados orgánicamente sigue en manos del Ejecutivo, el sentido común sugiere que si el intendente toma la decisión de delegarla implica también acatar y respetar la voluntad popular.

Sin embargo, en el último tiempo se han presentado dos situaciones confusas en dos localidades del Partido: Guerrico primero, y en las últimas horas Manuel Ocampo.

El primero de los problemas se originó en Guerrico; allí sorpresivamente al delegado Juan Ramón Dinamarquez le habrían exigido que se tome sus vacaciones y cuando debía reincorporarse fue automáticamente licenciado durante 15 días sin goce de sueldo, situación que nunca solicitó el funcionario, según fuentes consultadas por el Diario.

Dado el clima político que rodea al episodio, no hubo voluntad en los protagonistas directos de expresarse públicamente, pero LA OPINION pudo saber que en ningún momento este delegado quiso ausentarse de su puesto de trabajo sino que fueron presiones políticas de la Municipalidad las que mediaron con el objetivo de propiciar su renuncia.

En Manuel Ocampo

Algo similar pasó en Manuel Ocampo, pueblo gobernado por el electo delegado opositor Claudio López; en esta localidad, ubicada a la vera de la ruta Nº 32, un supuesto grupo de vecinos que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) habría querido que el titular de la Delegación deje de ejercer su cargo aduciendo, entre otras cosas, falta de cumplimiento de los servicios, rotura de calles y problemas de otra índole que son muy similares a cualquier reclamo vecinal que se hace en la ciudad cabecera del Partido o en otros pueblos, sin que ello en sí mismo constituya un motivo para apartar de su cargo a un delegado o al propio intendente.

Ante la posibilidad de que esta queja vecinal con tinte político terminara con una intervención de la Delegación y el apartamiento de Claudio López, viajaron hasta Ocampo representantes del Frente para la Victoria, entre los que se encontraban los concejales Gabriel Cairat y Héctor Cattaneo, para apoyar a López dado que entendía como un “golpe de Estado” lo que pretendían hacer estos vecinos que, al igual que en Guerrico, tendrían el visto bueno de funcionarios del Municipio.

Sorpresiva intervención

En ambas localidades iba a recaer como interventor Eduardo Lombide, un militante de la UCR que supo estar al frente de Defensa Civil y desde hace tiempo había quedado al margen de la gestión municipal. Lombide, que entre gallos y medianoche, se convirtió en director de Asuntos Rurales, habría sido la persona designada por el subsecretario de Asuntos Rurales, Horacio Migliaro, para ejercer el cargo de delegado de Guerrico y Ocampo hasta tanto se definiera la situación de Dinamarquez y López.

Dado el vuelo político que finalmente tomó el asunto, la intervención de la Delegación de Guerrico -que en los hechos era operativa- quedó suspendida y la supuesta pretensión de replicar la modalidad en Ocampo quedó en la nada.

Incongruencias

Como decíamos al principio, por haber nacido de la voluntad del Ejecutivo, particularmente de Gutiérrez, la decisión de “democratizar” designación de delegados en los pueblos, legalmente el intendente sigue teniendo la potestad de poner y sacar a estos funcionarios. Sin embargo, el espíritu con que se lanzó aquel decreto en 2001 implicaría también el acatamiento de la voluntad popular a la que se invitó a participar, un gesto que fue motivo de reconocimiento por parte de la Provincia. Por eso llama la atención que sin mediar denuncias que sustenten una destitución, el Ejecutivo local –del mismo sello que Gutiérrez-haya procedido de manera tan contraria a lo declamado oportunamente en el decreto y festejado por las comunidades de todos los pueblos, inclusive por el propio jefe comunal, Omar Pacini, residente de Guerrico.

Queda por conocer los argumentos de la Subsecretaría de Asuntos Rurales, que intervino en ambos casos, que trabaja bajo la órbita de la Secretaría General que conduce Juan José Marconato.

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