Roberto Mouillerón, ex ministro de Trabajo de la Provincia, y actual vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, indicó ayer que "denunciamos muchas veces los casos de explotación en la Provincia, y también en Tandil. Se trata de un fenómeno que se sigue repitiendo, pues muchos empresarios inescrupulosos manejan a la gente de esa manera".

De acuerdo al tandilense, "lamentablemente no se lograron corregir las irregularidades y debiera haber un esfuerzo muy importante de los gobiernos nacional y provincial para poner límites".

Si bien le sacó responsabilidad a los ministerios de trabajo que "ponen en práctica las inspecciones a tono con la ley, pero es obvio que no se puede tener un inspector en cada empresa".

Rescató la labor de las carteras laborales, pues gracias a su intervención "hoy la Justicia está actuando, en un caso como el de San Pedro y Ramallo, donde hablamos de trabajadores indocumentados y extranjeros, que muchas veces no pueden denunciar a sus patrones porque están de manera ilegal en el país".

Sobre el papel de la Comisión Nacional de Trabajo Agropecuario de la Nación, dijo Mouillerón que "intentó reglamentar las situaciones existentes", al tiempo que el diputado tandilense se declaró uno de los autores del proyecto de reforma del trabajo rural que se discute en la Cámara Baja.

Aunque el peronista federal cuestionó al oficialismo porque "no tuvo demasiadas intenciones de tratar el proyecto, aunque nosotros estamos haciendo un esfuerzo para lograr un dictamen cuanto antes, esto se acordó con las instituciones del campo y el Consejo Federal del Trabajo".

Mouillerón recordó al programa “Cada Mañana”, de AM 1560, cuando "me criticaron las entidades rurales porque dije que el 70 % de los empleados rurales se desempeñaba en forma irregular. Los desmontes, obrajes, recolección de fruta y otras actividades relacionadas al campo son las que presentan mayor nivel de trabajo en negro, a veces con modalidades perversas" como la explotación de gente en condiciones infrahumanas, marcó el legislador.

El diputado llamó luego a ampliar la cuadrilla de inspecciones para fortalecer los controles en las chacras. "Es una necesidad que reclamamos desde siempre, tanto desde el Ministerio como desde el Consejo Federal, y los gobiernos no siempre lo tuvieron en cuenta, aunque reconozco que algo creció el personal en el último tiempo", explicó.

Con 30 años de democracia resultan "inadmisibles estas situaciones" de esclavitud, profirió Mouillerón.

"El Indec asegura que la desocupación en el país ronda el 7 % y el Gobierno Nacional lo toma como cifra cierta, cuando ese es un índice mentiroso que no refleja la realidad. El trabajo irregular subió al 40 %", denunció el felipista.

Convocó a sincerar el diagnóstico, acentuar los controles y "tener una política de migración, lo que no implica ser xenófobo, sino que se conozca el estado de situación de cada persona que ingresa a trabajar. Generalmente ingresan en forma clandestina, engañados y luego lo sufren en las cosechas".

Las penas judiciales y las multas administrativas son graves según lo establecen las normas: incluso en casos extremos, el empresario debería pagar multas de hasta 10.000 pesos por empleado en situación irregular.

El proyecto legislativo opositor podría tener despacho y tratamiento en el recinto, ni bien comience el año parlamentario, pronosticó Mouillerón sobre la norma que regularía la actividad laboral en los campos.