La Casa de Gobierno envió a la Legislatura el proyecto de ley para poner en vigencia la séptima moratoria para la cancelación de deudas vinculadas con impuestos provinciales. La propuesta del Poder Ejecutivo, que busca restablecer la Ley 8.520, alcanza a las deudas vencidas al 31 de enero de 2014, incluidas las obligaciones correspondientes a las Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles (CISI) de las comunas rurales. La iniciativa de la administración de José Alperovich podría ser debatida por los parlamentarios en los próximos 15 días. Según constató LA GACETA, el objetivo del Gobierno provincial es que la nueva moratoria esté vigente a partir del mes que viene.

Descuento de intereses

En el documento que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura se precisó que el esquema para la reducción de intereses será el siguiente: del 90% por pagos de contado, “o cuando la cantidad de pagos parciales para completar” la deuda “no exceda el mes de diciembre de 2014”; la reducción del 80% de los intereses se aplicará cuando la cantidad de cuotas no supere el plazo de diciembre de 2015; y el 40% de reducción se aplicará en caso de que el deudor decida abonar hasta fines del año que viene.

La iniciativa también prevé que aquellos contribuyentes que tengan saldos a favor por el impuesto sobre los Ingresos Brutos podrán regularizar sanciones de multa, solicitando la compensación ante la autoridad de aplicación. Además, según el documento oficial, los deudores tendrán la oportunidad de evitar que la Dirección General de Rentas inicie una denuncia penal. El proyecto establece que la moratoria se extenderá hasta el 29 de agosto.

“Los agentes de retención y de percepción que al 15 de julio de 2014 cumplan con la obligación de depositar los tributos retenidos, percibidos o recaudados -correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2014- serán eximidos de la responsabilidad penal”, aclara el texto elaborado por la Casa de Gobierno.

Con la nueva moratoria, el Poder Ejecutivo busca recaudar entre $ 400 millones y $ 500 millones, incluidos los aportes de grandes contribuyentes del fisco. Tras las paritarias estatales, que a las arcas oficiales le costaron cerca de $ 2.500 millones anuales, Alperovich necesita unos $ 1.300 millones para cerrar el presupuesto con cierto equilibrio fiscal.

La primera moratoria se lanzó en 2005, cuando se presentaron 107.000 planes para refinanciar deudas. Dos años más tarde se instrumentó otro, con 36.000 formularios. En 2009, se aplicó el tercero, con 64.000 solicitudes, y en 2011 se abrió otro, pero con 39.600. En 2012 hubo otro esquema que registró 70.000 planes de contribuyentes. El último se realizó en 2013.