Expectativas

• 13 millones de pesos se contabilizan en el listado de infracciones impagas al Estado provincial.
• 4.000 controles anuales tiene registrados la Secretaría de Trabajo de la Provincia sobre el sector privado.

Secretaría de Narcocriminalidad

• El gobierno rionegrino impulsa la creación de una Agencia que combata la Narcocriminalidad, que tendrá rango de secretaría. Al frente será designado el exdirector nacional del Programa de Protección a Testigos e Imputados durante la gestión kirchnerista, Darío Díaz.
• Ayer, el Poder Ejecutivo Provincial elevó a la Legislatura el proyecto de ley con acuerdo de ministros que propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, de esa nueva área, destinada a la coordinación de “una decidida ofensiva contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad que conlleva”.
• La Secretaría de Narcocriminalidad promoverá la cooperación con la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal Nacional, especialmente con la Procuraduría de Narcocriminalidad y con la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de activos.

Río Negro lanzará una moratoria de regularización de sanciones y multas laborales de las empresas.

El proyecto fue incluido en el paquete legislativo que el gobierno rionegrino envió ayer al Parlamento, previendo su tratamiento en la sesión del próximo viernes.

El Plenario de Comisiones comenzó ayer el análisis de las iniciativas, entre ellas la mencionada moratoria laboral, la adhesión de Río Negro al blanqueo nacional de capitales y, además, la creación de la Secretaría de Narcocriminalidad, dependiente del Ministerio de Seguridad (ver aparte).

La propuesta regularización laboral está focalizada en unos 3.000 empleadores, con una cantidad algo mayor de multas, incluyendo aquellas con intimaciones de Trabajo o acciones de ejecución judicial.

Ese listado totaliza infracciones por unos 13 millones de pesos. Algunas firmas tiene más de una sanción.

El secretario de Trabajo, Lucas Pica, confirmó esa presentación –con acuerdo de ministros– con la “idea central de flexibilizar las cobranzas y centrado en el eje de priorizar las fuentes de trabajo”. Las infracciones y multas están concentradas en el sector frutícola, a partir de incumplimientos por atrasos en el pago de los salarios, la falta de registro formal de trabajadores o las condiciones de los lugares de trabajo.

El diseño de regularización establece un mecanismo de quita de capital e intereses de hasta el 50% cuando se proponga el pago al contado, como también, la posibilidad de su cancelación de cuotas, que puede llegar a los 24 meses.

Las sanciones a las empresas se originan en las fiscalizaciones de los inspectores de Trabajo. Los últimos registros consignan unos 4.000 controles anuales, es decir, una decena diaria. Por caso, en el 2013 se consignaron 26.040 actas de infracciones aunque no todas concluyen en multas ya que las empresas tienen la instancia del descargo y un plazo de regularización.

Ese año, Trabajo recaudó casi 8,8 millones por multas y trámites, informando sobe el relevamiento de unos 60.000 trabajadores.

Entre sus misiones, la secretaría debe ejercer la función de “Policía del Trabajo” en toda la provincia, “siendo de su exclusiva competencia la realización de inspecciones, constataciones y verificaciones requeridas al efecto en todos los lugares y ambientes donde se desarrollan tareas”. Además, debe fiscalizar “el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, promoviendo las acciones necesarias para una mayor prevención de los riesgos laborales”. También debe “sancionar las infracciones a la normativa vigente como así también los incumplimientos de intimaciones efectuadas o resoluciones que impongan obligaciones a los empleadores, instrumentando las medidas conducentes para el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas”.