El decreto-ley Nº 9655 fue sancionado en 1981 por el entonces gobernador de facto de Buenos Aires, Ibérico Manuel Saint Jean. Los sucesivos gobiernos democráticos continuaron cumpliendo el decreto y financiando los tres arzobispados y dieciséis obispados del territorio bonaerense.

Recién en 2006, la entonces diputada por el FpV Liliana Di Leo intentó, junto con seis legisladores de su bloque, derogar el decreto y sus modificatorias. Sin embargo la iniciativa no tuvo éxito y los sucesivos gobiernos continuaron financiando al clero año a año con sumas millonarias, a pesar de las constantes referencias de todo el arco político acerca del deplorable estado de los hospitales y escuelas bonaerenses.

"Los privilegios de la Iglesia Católica, en su gran mayoría, provienen de dictaduras. No sólo de la década del 70, sino desde 1930. La vinculación entre golpes de estado y la Iglesia queda muy clara en los decretos-ley desde la década infame hasta el último golpe cívico-eclesiástico-militar", explicó a REALPOLITIK Fernando Esteban Lozada, miembro de la Coalición Argentina por un Estado Laico y portavoz de la Asociación Internacional Libre Pensamiento. 

El artículo 2 de la Constitución, como sucede siempre en el Derecho, tiene múltiples interpretaciones. La Corte Suprema de Justicia nacional se expidió en seis oportunidades -algo que podría considerarse doctrina- en la misma dirección: el Estado y el derecho argentino no están, de ninguna manera, ligados al culto católico. Siguiendo estrictamente el texto, "sostener" esa religión significaría solamente eximir de impuestos a la institución, como puede hacerlo con cualquier ONG. Pero desde los gobiernos siempre van un poco más allá. 

Ninguno de los decretos dictatoriales fue derogado hasta el día de hoy. Desde 1930, por ejemplo, los religiosos tienen autorización para ingresar y salir del país sin ser revisados. La sotana todo lo puede. En demoracia, y más cerca en el tiempo, Carlos Menem y Fernando De La Rúa aumentaron las exenciones impositivas, sobre todo aduaneras. Y aunque en la reforma de 1994 Menem añadió tintes más laicos a la Constitución, también actualizó leyes dictatoriales que aumentaron los montos salariales a curas y seminaristas dándoles la categoría 10 de un empleado público. 

"Ninguno de los gobiernos democráticos ha tenido el valor o la convicción suficiente para hacer recambios en los decretos", explicó Lozada respecto del desembolso de la gestión provincial. En el decreto se habla de una "contribución dineraria" para solventar becas de seminaristas y mejorar la infraestructura de las dependencias eclesiásticas. 

Un dato político: el mayor beneficiado de todos es el Arzobispado de La Plata, con Héctor Aguer a la cabeza, una de las figuras más polémicas de la institución católica y autoreconocido lobbista contra los derechos de la comunidad LGBT. El arzobispado de San Nicolás se llevó 384 mil pesos y el de Mercedes Luján, 355 mil; pero la diócesis de la capital bonaerense arrasó con 1 millón 258 mil pesos. 

Hace pocas semanas, Aguer acompañó al gabinete vidalista durante la asunción de Julio Conte Grand, reconocido adepto del Opus Dei, como procurador general bonaerense. En la foto que ilustra esa nota puede verse nuevamente al monseñor, a los abrazos con funcionarios de Vidal, durante la asunción de Joaquín de la Torre como ministro de Producción a mitad de año, otro que suma un poroto en las numerosas vinculaciones del Pro con el Opus Dei. 

Resta saber si algún valiente legislador intentará, como Di Leo hace diez años, modificar el decreto-ley que perpetúa el gasto de fondos públicos de los bonaerenses al culto del artículo 2. O si, por el contrario, ganará el lobby católico –y, quién sabe, del poderoso Opus Dei. (www.REALPOLITIK.com.ar)