El Diputado por el Frente Renovador–UNA, Daniel Monfasani, presentó un proyecto de declaración donde expresa su preocupación ante la crisis institucional que atraviesan los Establecimientos Educativos de San Pedro.

Es ante el inminente corte en la prestación de determinados servicios públicos motivo de la deuda que pesa por sobre la competente Dirección General de Cultura y Educación.

Además solicitó un informe sobre los planes de obras públicas en materia de infraestructura escolar proyectados en San Pedro para el ejercicio presupuestario 2016. Y aclaró que en el informe solicitado se detalle el presupuesto original vigente y en ejecución para todas las obras de infraestructura escolar correspondientes al distrito.

El legislador quiere que además se remita una descripción breve de la obra finalizada o en ejecución y plazos estimados de inicio y/o finalización, detallando montos de inversión ejecutados trimestralmente.

Los conceptos adeudados con los correspondientes montos actualizados en lo relativo a servicios tales como: transporte escolar con una deuda que asciende a $1.261.390, servicio de fumigación $6.300, sistema de alarmas $11.090, mantenimiento de servicios cloacales $7.960 entre otros. Dicho incumplimiento se viene produciendo en algunos casos desde julio del año pasado.

Ante la situación descripta, los correspondientes proveedores anunciaron la posible interrupción o suspensión de los servicios lo que afectaría de manera directa el dictado del ciclo lectivo.

“Entendemos que el Estado provincial, en calidad de garante de brindar el efectivo servicio de educación en todo el territorio provincial, ha asumido un compromiso contractual con los proveedores, sin perjuicio de su deber constitucional de garantizar el pleno goce del ejercicio del derecho al acceso libre y gratuito a la educación”, dijo el legislador.

Monfasani manifestó preocupación ante la irregularidad institucional por la que hoy atraviesan las instituciones educativas que conforman el sistema educativo de San Pedro; y por tanto entiende que el Gobierno Provincial es responsable y garante de la salud y seguridad de todos los ciudadanos bonaerenses, particularmente de los niños, niñas y adolescentes, futuro de nuestra provincia, y como tal, debe velar por sus derechos básicos y fundamentales.