El Concejo Deliberante del Departamento Capital sancionó por unanimidad una ordenanza que determina la eliminación de la regulación en materia de envío de recursos por parte del Ejecutivo al Deliberativo y al Tribunal de Cuentas de la comuna.

Los concejales derogaron la normativa vigente y ahora será el presupuesto municipal el único mecanismo de reglamentación de los fondos que deben llegar a ambos organismo del Estado municipal de la Capital.

Historia

Las ordenanzas 4603 y 4604 fueron aprobadas en la última sesión del cuerpo deliberativo y resolvieron una situación que llevaba casi seis años de irregularidad.

La ordenanza 2959 y su par 2974 -ambas del año 1999- determinaban que el Ejecutivo municipal debía destinar un porcentaje diario de su recaudación al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas municipal para su funcionamiento.

NUEVA RIOJA denunció hace tres semanas que estas ordenanzas no se cumplían y que por ende los organismos estaban recibiendo menos recursos de los correspondientes.

Cuando al información se conoció, los ediles criticaron duramente a los funcionarios municipales y hasta advirtieron que "las ordenanzas están para cumplirse".

Fundamentos

Sin embargo, dos semanas después los concejales aprobaron las ordenanzas que eliminan las anteriores normas y que los dejan sin la posibilidad de reclamar ante el Ejecutivo por el envío regular de fondos para el funcionamiento del organismo.

La decisión implica una concentración de poder en los despachos del Palacio municipal Juan Ramírez de Velasco, porque de esta manera serán los funcionarios encargados del armado del presupuesto municipal quienes resolverán cuántos recursos le tocarán al Ejecutivo, al Deliberativo y al Tribunal de Cuentas capitalino.

"Los dos proyectos están fundamentados en perdieron vigencias las ordenanzas", comentó concejal Ernestina Cubiló, quien fue la vocera del cuerpo de ediles riojanos.

"El artículo 55 de la Ley orgánica municipal dice que cada municipio debe elaborar su propio presupuesto", explicó la edil durante el debate parlamentario realizado la semana pasada.

En el desarrollo de la sesión, la concejal dijo que las ordenanzas se sancionaron cuando la Ley orgánica municipal no estaba vigente. Este dato no es preciso, porque las ordenanzas se aprobaron en el año 1999 y la Ley comenzó a regir en 1996.

Inclusive, la gestión de Luis María Agost Carreño cumplió con ellas de manera parcial. Mientras que desde la llegada del quintelismo al poder esto dejó de suceder.