La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, dio su discurso de apertura del Año Judicial 2016, y destacó como ejes de las políticas de gestión desarrolladas en 2015 y que continuarán el presente año, la accesibilidad, transparencia, celeridad y eficiencia. En el acto desarrollado este miércoles en el salón del Consejo General de Educación, la titular del STJ estuvo acompañada por el vicegobernador Adán Bahl, y los jueces del Superior Bernardo Salduna, Susana Medina de Rizzo, Emilio Aroldo Castrillón y Juan Ramón Smaldone.

La jueza dedicó un párrafo especial a la preocupación del Alto Cuerpo por la demora en la cobertura de cargos mediante el mecanismo constitucional del Consejo de la Magistratura. Refirió que la inquietud fue comunicada al Poder Ejecutivo en la anterior gestión y en la primera reunión mantenida con el Gobernador Gustavo Bordet. “Queremos aportar lo que esté a nuestro alcance para que se reduzcan los tiempos que insume la cobertura de los cargos vacantes, no sólo en el Consejo de la Magistratura sino en los demás órganos que intervienen en el sistema previsto por la Constitución”, explicó.

Luego de aclarar que el análisis sobre la cuestión no es en desmedro del buen desempeño que los jueces y juezas interinos, recalcó que “la institucionalidad requiere que contemos rápidamente con jueces seleccionados del modo que prevé la Constitución. Hemos enviado innumerables oficios al Poder Ejecutivo donde planteamos esto. Hoy el porcentaje de cargos de magistrados y funcionarios que deben ser cubiertos por el Consejo y que se encuentran vacantes llega al 25%, y en el caso de los Ministerios Públicos, alcanza el 37%. No es saludable que tengamos funcionarios interinos durante 7 u 8 años. Solicitamos expresamente y veríamos con agrado que se privilegie la cobertura de los cargos vacantes desde hace más tiempo, y que no se acumulen concursos en las jurisdicciones, porque ese procedimiento no garantiza que se acorten los tiempos de selección”, expresó.

Mizawak contextualizó las políticas de gestión en una provincia que cuenta con 18 circunscripciones judiciales y 95 asientos de organismos, lo que implica, en la práctica, que ningún ciudadano se encuentre a más de 50 kilómetros de un juzgado. Comparó esos datos con la realidad de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que con un territorio cuatro veces mayor y doce veces más población, se organiza en 19 circunscripciones, y con jurisdicciones similares a Entre Ríos, como Salta, Chaco, Tucumán, Misiones o Mendoza, con tres, cuatro o seis circunscripciones como máximo.

Esta distribución geográfica, vinculada con “la idiosincrasia entrerriana, que implica que todos los pueblos son importantes”, repercute en la organización del servicio de justicia, e implica “enormes esfuerzos en inversión, coordinación, y compromiso de los tres poderes del Estado, para proveer de recursos humanos y materiales”. En ese sentido, explicó que dentro de la política de acceso a la Justicia, se ha puesto el acento en la especialización, como garantía de idoneidad y celeridad. Y graficó que “de los 17 departamentos de la provincia, 14 cuentan con juzgado especializado en familia”.

Sobre la puesta en funciones de nuevos organismos, la titular del STJ sostuvo que “al momento de proyectarlos es necesario tener en cuenta la dotación de personal y la infraestructura edilicia”. En ese punto, recordó que el Poder Judicial de Entre Ríos administra 100 inmuebles. 48 están emplazados en las cabeceras departamentales, de los cuales solamente 10 son propios. También resaltó que el presupuesto del Poder Judicial para obra pública para el ejercicio 2016 prevé un incremento del 152% respecto del año anterior, y aclaró que dicha previsión de 53 millones de pesos permite realizar muchos trabajos de mantenimiento, pero no es suficiente para encarar obras de gran magnitud como las que se requieren. “Es necesario dar un salto de calidad en infraestructura”, definió la Presidenta del STJ.