La Justicia allanó ayer el aeropuerto internacional de Ezeiza y la base aérea de Morón para poder reconstruir la estada del jet privado de los hermanos Juliá, secuestrado en Barcelona con 944 kilos de cocaína. Así, como había adelantado La Política Online, la investigación comienza a centrarse en la responsabilidad que tuvo la Aduana en esta operación narco.

El cerco se cierra sobre la aduana. Allí aparece el nombre de José Miret, padre de Gastón, detenido en España junto a los hermanos Juliá y una cuarta persona cuya identidad aún no trascendió.

Miret es brigadier y fue secretario de planeamiento durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Además, fue una de las personas que participó en la negociación por Malvinas.

El caso es que también habría ocupado el cargo de subadministrador de la Aduana. Desde esos años, Miret padre e hijo tenían las puertas abiertas en esas oficinas.

El procedimiento comenzó a las once y media de la mañana de ayer en el Aeropuerto de Ezeiza y finalizó cerca de las seis de la tarde. El juez en lo Penal Económico Alejandro Catania y el fiscal Miguel Schamun fueron personalmente hasta el lugar desde donde salió hacia España el avión Challenger 604.

Allí se realizaron allanamientos en varios edificios del Aeropuerto. Al mismo tiempo fue allanado el Aeródromo de la Base Aérea de Morón donde el avión matrícula N600AM estuvo “hangarado” desde principios del noviembre hasta el 30 de diciembre pasado.

La investigación judicial que conducen Catania y Schamun tiene la misión de dilucidar si el avión fue cargado en la Argentina. Según publicó hoy Clarín, de las tres primeras oficinas se llevaron los sellos originales que fueron estampados en la papelería de la partida del avión.

Schamun pidió, además, que se comparen los sellos originales con los que fueron puestos en el formulario llamado “Declaración General” por el que se estableció que la bodega del avión estaba vacía.

En tanto, fuentes vinculadas al sistema de seguridad aeroportuaria señalan que el control minucioso de las cargas le corresponde a la Aduana en tanto Migraciones y PSA tienen jurisdicción en zonas previas al despegue.

LPO había adelantado el viernes que en los controles del vuelo del Challenger 604 no se hizo lo que en la jerga aduanera se denomina “fondeo”. Esto es una revisión a fondo de la aeronave antes de su partida, que habría sido desde el aeropuerto de Ezeiza.

“Era tan grande la cobertura política de los Juliá que directamente llevaron la droga en paquetes, una verdadera locura”, afirmó a LPO una fuente aduanera.

El primer día de enero salió “sin carga”, según las autoridades argentinas, hacia Cabo Verde en África. Un día después llegó a Barcelona y los españoles descubrieron que tenía casi una tonelada de droga en su interior. Por eso están detenidos allí Gustavo Juliá, dueño de la firma Medical Jet dedicada al alquiler de taxis aéreos, su hermano Eduardo Antonio, piloto del avión que llevaba la droga y Matías Miret, copiloto.

La semana pasada, Cristina Kirchner comandó una reunión con las autoridades de la Aduana, encabezada por la directora del organismo María Soimara Ayerán.

Es que para ese entonces, Cristina ya había sido alertada por el canciller Héctor Timerman sobre el impacto sobre el gobierno del caso del tráfico de cocaína a España de los hermanos Juliá.

Asesorado por la ex directora de Aduanas, Silvina Tirabassi, el canciller supo que la droga se había cargado en la Argentina en el lujoso Chanllenger 604, y habían fallado todos los controles aduaneros.

Por estas horas se discute si el cargamento se hizo en Ezeiza o en Morón pero casi no quedan dudas de que el avión partió con la droga desde el país.

Fuentes de la investigación han puesto la lupa sobre el control que ejerció la Aduana cuando partió el avión: de la visita a Ezeiza de ayer los investigadores se llevaron la impresión de que la Aduana dio “por buena” la declaración de los pilotos que aseguraron que el Challenger iba “sin carga”.

En las oficinas operativas del Aeropuerto los funcionarios judiciales buscaron información sobre cómo fue se realizó el control ya que esa repartición informa que hay aviones para despegar y ser inspeccionados. El allanamiento en Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) sirvió para saber cómo se procede técnicamente en cada uno de los pasos. En Tribunales quieren corroborar que la línea de órdenes se cumplió y que no fueron salteados los escalones burocráticos habituales.

La investigación judicial trata de –mientras espera la información que se solicitó a las autoridades en España– determinar si los controles fueron o no exhaustivos, si los sellos en la papelería fue verdadera o hubo complicidad de los funcionarios locales con los que viajaron en el avión.