Hasta el miércoles no se decidirá si los policías imputados de graves delitos en Concordia esperan el juicio en libertad, en prisión domiciliaria o presos en la Unidad Penal de Federal.

Se trata de 17 uniformados que están acusados de los delitos de Sedición, Privación Ilegítima de la Libertad, Daño Calificado, Robo Agravado por la Calidad de Funcionario Público e Instigación a cometer delitos en concurso real durante el acuartelamiento policial y los saqueos del 8 y 9 de diciembre en Concordia.

A esos policías, la semana pasada, el juez de Garantías Alberto Funes Palacios les dictó la prisión preventiva por 60 días, convencido de que en libertad podrían entorpecer la investigación. Ayer se realizó la audiencia en la que los defensores apelaron la decisión y, aunque se creía que ayer mismo se iba a conocer la decisión final; el tribunal unipersonal compuesto por Martín Carbonell anunció que a mediados de la semana próxima se conocerá la resolución.

La audiencia

La audiencia, que duró más de cuatro horas, incluyó el anticipo por parte del fiscal Mario Guerrero, que fue quien pidió la prisión domiciliaria, respecto que habrá más imputados en la causa. “Seguramente va a haber más imputaciones, esto es la punta del iceberg”, indicó el fiscal. Extrañamente, en una parte de sus exposiciones, los abogados defensores de los policías imputados reclamaron algo parecido, al preguntarse por qué no estaban imputados otros policías que tuvieron responsabilidad en el acuartelamiento. Se mencionó incluso a dos hombres de la fuerza, de apellidos Berneche y Pasarelo, quienes habrían modulado por la frecuencia de radio policial arengando al resto de los policías para que se plieguen a la protesta.

Según consignó Diario Junio, el primero en hablar fue el defensor oficial Alejandro Giorgio -representa a los imputados Carlos Zaragoza y Juan Manuel Rosas-, quien argumentó el pedido de apelación a la sentencia del juez de Garantías, señalando que el magistrado no había fundamentado el rechazo a los pedidos formulados por la parte, relacionados con la morigeración de la medida privativa de la libertad. El defensor, había propuesta que de no ser posible la libertad, se concediera la prisión domiciliaria.

Después hablaron los defensores Juan José Bukténica y Cesar Bonatto, quienes representan a 13 imputados (Juan Lacuadra, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Luis Paredes, José María Biderbos, Carlos Rosas, Romeo Valdez, Daniel Chávez, Diego Differding, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Luis Carlino y Manuel Coutinho).

Bukténica adhirió a las definiciones de Giorgio, y agregó “yo no puedo entender que 17 personas hayan parado una ciudad, hayan ingresado en número a la Jefatura de Policía y luego del convenio, que a mi juicio sigue siendo válido, hayan restablecido el orden en la ciudad”. Además, el letrado relató parte de la testimonial del Jefe Departamental de policía, quien habría declarado el 16 de diciembre del 2013 que cuando fue tomada la jefatura y estaban llevándolo a los empujones, personas de ese mismo grupo intercedieron y dijeron “esto no es lo que íbamos a hacer”. Se trataría de un grupo de policías que luego lo condujeron y dejaron en su despacho, en la planta alta del edificio.

“Actuaron en masa”

Por su parte, Bonato -quien remarcó que el caso de Berneche y Pasarelo- habló del contexto socio político en el que se desarrolló la protesta policial con la intención de demostrar que existen graves condicionantes (pobreza, inflación, Sida) y que los policías actuaron no individualmente sino “en masa”. El mismo argumento había explicado a diferentes medios periodísticos indicando que , además de ser abogado es estudiante de Ciencias Políticas y que, en esa condición, manejaba numerosa bibliografía sobre estas conductas masivas. “Es como cuando una persona entra a una cancha de fútbol y a los pocos minutos actúa como el resto de los que están allí”, señaló ayer en diálogo con FM Litoral de Paraná, explicando su hipótesis. También consideró que la rebelión policial guarda similitud con el Cordobazo de 1969 y con el estallido social de 2001.

Igualmente sostuvo que el archivo de imágenes (DVR) fue robado por la cúpula policial, sosteniendo que “seguramente las imágenes muestran que la protesta fue pacífica” y agregó que tiene en su poder un video corto donde se ve la marcha y que los policías no estaban armados porque además estaban de franco.

Finalmente el abogado de los imputados Esteban Cendra y Luis Gómez, Edelmiro Díaz Vélez, basó su argumento de apelación en la declaración de sus defendidos, quienes habían declarado que no estaban en la jefatura de policía cuando esta fue tomada.

“Es un delito grave contra el orden institucional”

El fiscal Mario Guerrero reiteró que si los imputados “tuvieron la capacidad para tomar la Jefatura de Policía, y las salas de Comando y Comunicación, y no solo eso sino que además después se encargaron de amenazar a los testigos que estaban declarando contra ellos, ¿cómo no vamos a esperar que tengan la capacidad de entorpecer la investigación?”. Justamente ese fue el principal argumento de Funes para mantenerlos presos.

Tras una pormenorizada explicación de su postura, el fiscal aclaró que “no se trata de cuál es el reclamo, o de si es justo o no. De lo que se trata es de la acción que cometieron, que es un delito contra el orden constitucional”.

Ante estos planteos, Guerrero comenzó por pedirle a Bonato que presentara el video que tiene a la Fiscalía para que pudiera ser incorporado al legajo y señaló que la investigación recién empieza, y que los imputados que hay hasta el momento son los que originaron la primera medida, y surgieron del entrecruzamiento de testimoniales donde había coincidencias claras sobre el rol que jugó cada uno en la toma: “Esto no quiere decir que ellos solos tomaron la Jefatura y las salas de comando, lo que quiere decir es que su participación fue decisiva y relacionada con los hechos ocurridos en la Jefatura, pero seguramente va a haber más imputados, ya esta semana tuvimos cinco testimoniales nuevas” afirmó.

En otro tramo de su respuesta a los planteos de los defensores, Guerrero señaló que “la Fiscalía tiene que determinar el rol de cada policía porque no todos los que estaban en la Jefatura estaban conscientes de todo lo que estaba pasando, el imputado Troncoso, a través de un ardid, moduló por la radio policial que había familiares de policías heridos llamando a todas las unidades, cosa que no era cierta pero que hizo que muchos funcionarios acudieran a ver qué era lo que estaba pasando”, recordó.

En la misma línea, Guerrero señaló que la investigación penal preparatoria se inició con muchas dificultades por la gran reticencia de los testigos a declarar contra sus compañeros de armas, y destacó que después de la medida de prisión dictada por Funes Palacios “comenzaron a aparecer más testigos”. “Es una cuestión lógica, ¿quién va a denunciar contra un policía que sigue usando el uniforme, el arma reglamentaria y está sentado en un patrullero?”.