Ni mucho, ni poco, es suficiente. Ese fue el razonamiento que hicieron algunos funcionarios del gabinete del gobernador José Alperovich antes de firmar el decreto acuerdo de necesidad y urgencia 1/2011. Fue uno de los primeros que el mandatario y sus ministros rubricaron este año y también el que estableció un cupo: ningún funcionario podrá utilizar más de 300 litros de combustible mensual para el uso del vehículo oficial. Claro que, como toda disposición, esta también tiene sus excepciones. La medida no alcanza a los vehículos que pertenecen a los ministros, al fiscal de Estado y a la Gobernación, es decir, a la flota de unidades que está a disposición del mandatario provincial.

El artículo 1 del mencionado decreto de necesidad y urgencia señala: "Encuádrase las contrataciones que se realicen para la adquisición de combustible a las disposición de la Ley de Administración Financiera (particularmente la relacionada con la compra directa), estableciéndose un límite de 300 litros de combustible mensual por vehículo, quedando sin efecto toda otra disposición referida a la provisión de combustible para automotores". A renglón seguido menciona las excepciones apuntadas.

Consultado por LA GACETA, el secretario general de la Gobernación, Ramiro González Navarro, explicó que se trata de reafirmar una vieja norma (la ley 6.132) que quedó caduca por la aplicación de otra (8.240, la del Digesto Jurídico). "Había cierta preocupación en algunas reparticiones por la forma en que se debía adquirir el combustible, al desaparecer la anterior norma", argumentó. La ley que caducó es de 1.991, de la intervención federal que encabezó Julio César Aráoz.

Si bien esta es la explicación jurídica para el dictado del DNU, publicado esta semana en el Boletín Oficial, la norma también tiene otra interpretación, la financiera. Sucede que, abierto el período electoral, el Gobierno quiere evitar que haya cualquier tipo de interpretación política al uso de los vehículos oficiales. "Esta es una manera de controlar el gasto público, como también lo es el hecho de ahorrar hasta un 15% del presupuesto de cada repartición", fundamentó el ministro de Economía, Jorge Jiménez, al ser consultado sobre los alcances del decreto acuerdo. En el cálculo oficial es que, por semana, un automóvil, en promedio, puede llegar a consumir entre 70 y 80 litros de combustible tanto para el traslado del funcionario como para otros tipos de trámite vinculados con la administración pública.

En el mercado, el costo de los 300 litros asciende a los $ 1.260. En principio, y de acuerdo con las estimaciones oficiales, la medida impactará a unos 170 unidades de uso frecuente para la gestión de secretarios, directores y reparticiones del sector público.