El responsable de la Salud pública declaró ante la Legistarua por la crisis desatada en ese hospital por la atención de los convictos.
Behler confirmó que el Ministerio de Gobierno, responsable del sistema penitenciario provincial, no abona ningún canon por la atención de los detenidos. Carlos Quiroga Nancláres, subsecretario de Justicia, respaldó la política provincial de atender a los presos sin aportar fondos extras a los hospitales argumentando que “la salud de los detenidos es responsabilidad del Estado”.
El doctor Elías dio un portazo a la dirección del hospital acusando al Gobierno de no disponer los fondos necesarios para el normal funcionamiento del nosocomio. Una de las causas que citó como generadora del colapso de los recursos disponibles por el hospital es la atención de los presos.
En los últimos tiempos, el Central concentró casi todas las derivaciones de presos de las cárceles del Gran Mendoza y enfrentó su atención sin refuerzos presupuestarios especiales, es decir que los costos del pabellón para detenidos se sobrellevaron con los fondos destinados al funcionamiento general del hospital.
Según el ministro Behler, “los mismos planes que hay para la población en general, se ejecutan en las penitenciarías”. Además, el funcionario agregó que para optimizar la atención en el hospital Central “los pacientes quirúrgicos los vamos a redistribuir en otro hospitales”.
Ricardo Motta, director interino del Central, explicó que “hemos pactados hacer una redistribución para que puedan ser operados en otros hospitales” pero agregó que se pretende seguir con la atención de los pacientes penitenciarios que necesiten tratamiento de alta complejidad y oftalmológicos en la institución de la calle Alem.
Los funcionarios explicaron que la idea es que las cirugías más simples puedan ser derivadas y “redistribuidas” en otros nosocomios donde podrían realizarse.

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