La ministra del Superior Tribunal de Justicia, Arminda del Carmen Colman presentó formalmente su renuncia como socia honoraria del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia.
En la nota de renuncia presentada el lunes último, la ministra Colman destaca que el Colegio de Magistrados y Funcionarios es una institución muy cara a sus sentimientos, pero la decisión adoptada obedece a no compartir la política seguida en estos últimos años por la anterior y actual comisión directiva.
Asimismo, trascendió que serían varios los magistrados que también habrían decidido renunciar como socios del cuerpo colegiado que nuclea a jueces y funcionarios de la Justicia Provincial.
La semana pasada, el obispo de la Diócesis de Formosa, Vicente Conejero Gallego, con el patrocinio de los Dres. Pedro Velázquez Ibarra y María Cristina Irala presentó una recusación con causa a todos los jueces integrantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios provinciales. Es en una causa donde resulta demandado el Obispado por un funcionario policial, fundado en el temor de imparcialidad, por la gestión y obtención de fondos del erario público para la construcción de su sede social, y basado fundamentalmente en el Art. 17 del Código de Procedimientos que establece como causa de recusación el haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes.
“Con citas en el mencionado código, en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a la Constitución Nacional, en el Estatuto del Colegio de Magistrados, en su propio Código de Ética que impone a los magistrados y funcionarios la observancia de una conducta compatible con sus cargos, manteniendo en todo momento la integridad, independencia funcional, y que se tienda al mejoramiento de la administración de justicia, a la autarquía financiera y el republicanismo constitucional, generando la confianza publica”, apreció la abogada Cristina Irala al sostener los argumentos observados para sustentar la presentación.
“La gestión y obtención de los fondos para su sede social no tiende ni al mejoramiento de la Justicia, ni a la independencia del poder judicial, ni a la autarquía declamada ni al republicanismo constitucional por todos deseados”, dijo.
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