Nilda Garré asumió el miércoles en el flamante Ministerio de Seguridad. Definir o analizar si esta medida política asumida por la Presidenta de la Nación es acertada o no, sería muy imprudente de mi parte, sobre todo porque los resultados de una gestión se miden sobre las acciones realizadas en un tiempo determinado, cualquier otra conclusión seria conjeturar sobre posibles hipótesis.

Considero oportuno exponer algunas consideraciones. La primera es referente a la creación del nuevo Ministerio de Seguridad. Esta medida en si misma implica una aceptación en primer término de una problemática o demanda de la comunidad respecto de un escenario de “inseguridad”, que se desbordó en los últimos acontecimientos del Parque Iberoamericano, con el triste final de tres ciudadanos fallecidos. El aceptar la existencia de esta problemática, por parte de la máxima autoridad nacional, en sí mismo ya es un paso trascendente.

Ahora bien, qué integración y contenido se le asignará a esta nueva cartera, será el desafío a develar a corto plazo, no debe quedar circunscripto solamente a lo que ocurra con las fuerzas de seguridad nacionales. Hoy vemos como diferentes medios de comunicación se limitan a evaluar las posibles medidas a tomar principalmente con la Policía Federal, participe principal de los últimos acontecimientos.

Plantear como eje preocupante el hecho de una posible depuración de la fuerza, creo que es desacertado, en principio un cambio en la cúpula de la fuerza, casi es un proceso natural en cualquier cambio de este tipo, situación muy conocida por los integrantes de la misma, si a esto se agregan separaciones ligadas a posibles actos de corrupción, estas serán beneficiosas y compartidas por toda una comunidad, que respeta a la “institución” como tal y quiere sentirse protegida por la misma.

De ocurrir esto último, es posible que la sociedad se pregunte, por qué no se hizo antes. Éste es el punto que tendrán que responder quienes tuvieron esa responsabilidad y no actuaron por desconocimiento o por inacción. Cuál será el mayor costo político, reconocer la existencia de esta problemática o hacer caso omiso a situaciones que la comunidad conoce o por lo menos sospecha.

Los “costos” políticos, en una temática como la seguridad, no deben ni siquiera ser considerados, cuando lo que está en juego no es solamente la propiedad o los bienes, sino la vida misma. Todo lo que se considere oportuno hacer en una visión “preventiva” se debe simplemente “hacer” y en ese transitar, no hay mejor situación que reconocer los errores y sobre ellos trabajar para revertir la situación.