La razón por la que se difirió tanto la entrada en vigencia de todos los institutos que se introducen con la nueva normativa es muy simple, la nueva ley producirá un cambio tan profundo en la estructura de la Justicia, que para evitar que el cambio sea traumático, y para que los jueces y abogados puedan adaptarse a ellos, se incorporarán paulatinamente a la vida judicial los distintos institutos creados por este sistema normativo.

De esta manera la Justicia santiagueña tendrá una nueva organización, ya que el Ministerio Público se dividirá en dos órganos: el Ministerio Público Fiscal a cargo de la acusación y el de Defensa, que se encargará de ser el garante de defensa en juicio y de la protección de los derechos de las niños a través de las asesorías tutelares. De acuerdo a lo establecido, una de la funciones esenciales de los profesionales que representen al Estado en la Justicia, es “velar por el respeto de los derechos, deberes, principios y garantías constitucionales y estar legitimado para demandar la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, ordenanza, acto, contrato o resolución de cualquier autoridad pública provincial o municipal y custodiar la buena marcha de la administración de Justicia”.