En el marco de la investigación que se lleva adelante para establecer los responsables de la estafa al Ministerio de Educación por el cobro irregular de un cheque, el organismo se constituyó legalmente como querellante con el firme propósito de que se descubra a los autores de la maniobra. 

El pasado jueves EL LIBERAL publicó en exclusiva que se había radicado una denuncia y que la policía y la Justicia estaban abocadas a la investigación por el cobro de un cheque que había sido adulterado para elevar el monto original. 

El departamento legal del Ministerio de Educación, ya hizo las presentaciones correspondientes en el Juzgado de Crimen de Quinta Nominación y además solicitaron una serie de medidas a la jueza, a fin de que se pueda descubrir lo rápido posible a las personas involucradas en el fraude. 

Días atrás, desde el Departamento de Contaduría del Ministerio de Educación se denunció que detectó en sus registros que se había cobrado un cheque por una suma de $49.000 cuando en realidad había sido autorizado por $1.600. 

De inmediato, personal de la División Delitos Económicos de la policía y del Juzgado del Crimen de Quinta Nominación iniciaron las tareas investigativas y se solicitaron diversos informes a la entidad bancaria donde se hizo efectivo el cobro, a fin de conocer los últimos movimientos de la cuenta. 

Por otra parte, fuentes cercanas a la investigación informaron que se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, con el objeto de intentar individualizar a la persona que hizo efectivo el cobro. 

Así también, manifestaron que desde el Ministerio de Educación remitieron el expediente de la investigación interna que se tramitó, el cual habría aportado datos importantes a la causa. 

Esta semana podría haber novedades respecto al curso de la investigación ya que se recibirán los informes solicitados y las imágenes de las cámaras de seguridad serían de suma importancia para identificar a los implicados. 

Fuentes cercanas a la investigación deslizaron que serían varios los cheques que son cobrados empleando estas maniobras y que por año se registran entre tres o cuatro casos similares a este. 

Así también, explicaron que el monto que se cobró, es el máximo autorizado para capacitaciones y que por ello no debía ser superior a $50.000.