El gerente de Medio Ambiente de la empresa aseguró que el proyecto cumple con la ley 7722 que prohíbe utilizar sustancias contaminantes. Subrayó también que hay vecinos que ven el emprendimiento como una posibilidad de desarrollo.
"Estamos cumpliendo con un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con la ley 5961 y el decreto 820. Se han presentado los informes ambientales y los técnicos y hubo consulta pública, todo en cumplimiento de la ley", aseguró Pablo Alonso a diariouno.com.ar.
Uno de los principales puntos de la protesta contra la minería contaminante que encabezan vecinos autoconvocados de Uspallata y la Asamblea Popular del Agua es el reclamo por el cumplimiento de la ley 7722. Al respecto, Alonso lanzó: "Nuestro proyecto también cumple con la ley 7722. No es megaminero y no utiliza sustancias prohibidas en esa norma (cianuro, sulfúrico y mercurio) sino biodegradables".
También aseguró que más de 1.000 vecinos de Uspallata se acercaron a la oficina de la empresa y unas 300 conocieron más a fondo el proyecto. Incluso, aseguró que muchos vecinos ven al emprendimiento como una fuente de desarrollo.
Asimismo insistió en los antecedentes de este tipo de proyectos en Australia, Estados Unidos, Canadá y Chile, consideró "irracional" al planteo de la Asamblea del Agua y remató: "Si el petitorio que entregaron hoy tiene fundamentos técnicos, los vamos a contestar. Queremos hacer minería responsable y sustentable".
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