En los próximos días el Gobierno de San Juan podría promulgar una ley que obligaría a las empresas mineras de esa provincia a contratar proveedores y mano de obra sanjuaninos.

Ante esta posibilidad, los empresarios mineros de Mendoza levantaron la voz de alerta y advirtieron que la aprobación de la ley perjudicaría a la actividad económica de ambas provincias.

Puntualmente, la propuesta implica la creación de un Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (Rupem).

Si el gobierno lo aprueba, todas las empresas que cuenten con domicilio legal y fiscal en San Juan, y tengan al menos un 80% de mano de obra sanjuanina, deberán inscribirse ante ese organismo.

Una vez constituido el listado, el gobierno de la provincia vecina exigirá a las empresas mineras que el 75% de sus obras, insumos y servicios, se realicen con empresas registradas en Rupem.

Las compañías que no cumplan con la normativa, tendrán que abonar multas que irán de los 100 mil al millón de pesos. Además, se incrementarán en 50% los Ingresos Brutos y los sellos a las empresas proveedoras radicadas en otras provincias.

La noticia no es buena para los empresarios locales que viven de la actividad minera que se desarrolla en San Juan y a su vez los pone en una situación incómoda debido a que no hace mucho pedían que se instrumentara el "Compre Mendocino" cuando Vale todavía despertaba esperanzas.

Rechazo unánime en Mendoza

La posible aprobación del proyecto de compre local en la minería sanjuanina, fue criticada por los referentes de la actividad minera de Mendoza.

Roberto Zenobi, gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, estima que 50% o más de los proveedores de la actividad minera sanjuanina, provienen de Mendoza. Además, advierte que "hay muchos insumos que no se fabrican en San Juan".

Ante este panorama, Zenobi opina que la aprobación de la ley "no beneficiaría a nadie".

El empresario comentó que "es posible que se apruebe la ley, teniendo en cuenta la intención del gobierno sanjuanino de proteger a sus empresas, pero en la práctica, es muy difícil que se lleve a cabo".

Logística y recursos

Las mayores dificultades, estarían ligadas a cuestiones de logística y recursos económicos. "Si se reactivan las obras en Pascua Lama, por ejemplo, muchas compañías necesitarían grandes inversiones estructurales para poder abastecer a las exigencias de la construcción", mencionó.

Mario Chabert, presidente de la misma Cámara, coincidió en la lectura de Zenobi, y agregó que también se generarán costos administrativos, tanto a nivel gobierno como empresarial. "Se tendrían que crear estructuras de control extraordinario con un gran nivel burocrático", indicó.

En cuanto a los insumos que no se fabrican en San Juan, Chabert aseguró que "para algunas empresas, la sola compra del combustible en la destilería de Mendoza significa el 35% de sus costos de producción".

Por su parte, Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, calificó al proyecto de ley de compre sanjuanino como "inconstitucional".

"Estamos en un estado republicano y federal. La constitución expresa claramente que debe haber igualdad comercial en todo el territorio nacional", explicó el profesional.

Recordando el acuerdo de compre mendocino firmado entre la minera Vale y el Gobierno de Mendoza, Ferrer opinó que "es un caso diferente cuando se llega a un convenio entre una empresa determinada y el Estado".

El presidente de la Cámara de Servicio Mineros, entiende que un acuerdo de esta índole, está dentro del marco legal. Por el contrario, "cuando se impone una ley que restringe la actividad comercial de una provincia, es algo ilegal", apuntó.

Mario Chabert, también manifestó dudas sobre la constitucionalidad del proyecto y reveló que las empresas sanjuaninas con las cuales mantiene contacto, tampoco están de acuerdo con la propuesta.