A la par de crear un fondo inicial de $ 4.000.000, la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara baja especificó que, además de proteger las fuentes de trabajo, también debía protegerse especialmente al trabajador y a las familias.

Otro de los requisitos con el que deberán cumplimentar las empresas en crisis es determinante: no contempla a las industrias que hayan generado despidos masivos en el lapso del año previo a la presentación del programa. Y deberán formalizar el compromiso de no generar posteriores despidos tras la inscripción al salvataje.

El proyecto original enviado por el Senado preveía que la empresa no debía estar concursada, quebrada, ni fallida.

En la modificación planteada desde Diputados se indica que existen empresas que están en crisis y que, en estos momentos, se encuentran en situación de concurso. Y a partir del debate del que formó parte el equipo técnico del Ministerio de Producción, sé consensuó que el Consejo Asesor -previsto en el proyecto- deberá tener una participación activa "en todas las decisiones que se adopten en torno al seguimiento del programa y en la reglamentación, aunque éste no sea el encargado de efectivizarlo". Es decir, la autoridad de aplicación, con la participación del Consejo Asesor, dictará las normas reglamentarias en un plazo no mayor a setenta días.