El fiscal y los abogados querellantes de Sonia Frei, la viuda del taxista Rogelio San Miguel, reclamaron ayer a la Cámara de Apelaciones que anule la falta de mérito del joven imputado por el asesinato y lo procese con prisión preventiva. El planteo tuvo su contrapartida cuando el defensor particular del acusado reclamó a los jueces que rechacen el pedido de nulidad.

El propósito que persigue la querella y la fiscalía no es otro que llegar a juicio, y que ese día Gerardo Fuentes, de 26 años, esté presente.

El próximo 16 de julio se cumplen dos años, y la viuda del taxista asesinado, su familia y compañeros de trabajo no piden más que justicia.

Como parte del planteo, el fiscal Maximiliano Breide Obeid y los letrados Facundo Trova y Alejandro Bustamante acercaron el audio de una declaración clave y una denuncia por amenazas de muerte con arma blanca formulada contra el acusado -un día después de ser liberado- que no había sido incorporada al expediente.

Recordaron que todavía está pendiente la prueba de ADN sobre cabellos secuestrados en una gorra hallada en la escena del crimen, y que en el caso existe un peligro de fuga inminente. Tal es así que el servicio de investigaciones del Ministerio Fiscal no pudo encontrar al joven en el domicilio que había denunciado.

El planteo tuvo lugar ayer por la mañana en la audiencia de ampliación de argumentos, que convocó también al defensor Juan Coto, frente al tribunal compuesto por los jueces Richard Trincheri, Héctor Rimaro y Florencia Martini, como subrogante. Sonia Frei entró al recinto acompañada por Alejandro Cavallotti, quien fuera compañero de trabajo de Rogelio.

Por la querella, Facundo Trova sostuvo que la resolución apelada es “apresurada e innecesaria” y que “atenta contra el esclarecimiento del hecho”. Agregó que “el juez se equivoca al decir que la prueba es insuficiente” y tampoco “explica las razones que fundan la falta de mérito”.

Pruebas

A su turno el fiscal también advirtió que “hay sobrados elementos” para que Fuentes sea procesado y detenido; y es así que pidió que anulen la medida “por falta de valoración de la prueba. “El juez hace una mención arbitraria, de corte y pegue de la prueba que tampoco valora”, sintetizó.

En sus argumentos consideraron que el magistrado incurrió en un error al decir que se requiere certeza, cuando en la etapa de instrucción alcanza con que haya un grado de probabilidad. “El juez sube demasiado la vara. No se piden certezas en la instrucción, eso se pide en una condena”, dijo Breide Obeid.

Ponderaron el descargo del otro imputado que, siendo menor, participó en el hecho y que al declarar en el fuero juvenil sindicó al joven Fuentes como el autor de la agresión mortal, proporcionando detalles concordantes con las actuaciones de la causa.

Esto, a pesar de que Benavides no lo tuvo presente como testigo, tampoco hizo lugar a la declaración por él solicitada ni valoró su relato como confesión, aun cuando el menor ya había recibido una condena y fue por otro delito (el de robo calificado).

“No existe interpretación constitucional que permita decir que el menor puede perjudicar su situación declarando como testigo bajo juramento”, dijo el fiscal, y acercó a los jueces la grabación de su relato “para que saquen sus propias conclusiones”.

También señalaron otras declaraciones que incriminan al imputado, y pidieron que sea detenido porque no sólo hay una medida de prueba pendiente sino que hay motivos suficientes para pensar que puede fugarse.

El delito que se le imputa prevé la pena de prisión perpetua; el joven registra cinco condenas por robo y una probation revocada por cometer otro hecho delictivo. “No se le conoce un domicilio fijo, no tiene trabajo ni familia a su cargo”, precisó Breide Obeid.

Al término de la audiencia, Sonia Frei no pudo evitar el llanto.