En primera instancia, el edil recordó que el día 21 de diciembre del 2012 se aprobó por unanimidad la Ordenanza 3964/2013, que le autorizaba al Ejecutivo a vender lotes amparando como único método de venta el de licitación pública y mediante la conformación de una comisión evaluadora.

Asimismo, el concejal destacó que el bloque de esta fuerza advirtió una irregularidad, cuestión por la cual se comunicaron con el intendente para advertirlo de la misma. “Lo que observamos en ese momento es que no había ninguna voluntad de cambiar nada y que sabían que se estaba violando la norma”, destacó.

Respuesta

Luego Fernández dijo: “De haber tenido en cuenta nuestra observación y querido subsanar la cuestión, podría haber manifestado el viernes la voluntad de suspender la subasta, hecho que no ocurrió sino luego, o en simultáneo, de la conferencia de prensa y presentación judicial”.

También el edil le contestó a Carabelli, quien según Fernández “mediante la habitual estrategia del ninguneo” descalificó a la presentación diciendo que la misma “no tiene mucho sentido y que no varía en nada que se haga de otra forma”. “Creo, por el contrario, que la misma tiene mucho sentido y que hay significativas diferencias entre una licitación y una subasta pública”, aseguró, y destacó: “Si alguien pensó que era mejor hacerlo por subasta podría haber realizado un habitual veto. Si no se advirtió en ese momento, tuvo 10 meses para pensarlo y darle instrucciones a sus concejales para hacer algo distinto”.

Cuestionamientos

Mientras que, en respuesta al Ejecutivo, el concejal radical dijo que “es falso que la UCR no aprobó la ordenanza en cuestión”, y sugirió “buscar información antes de opinar a menos que deliberadamente se quiera mentir”.

También se cuestiona el hecho del “momento” o de la “oportunidad” de la presentación, y así el edil también respondió. “Llama la atención este argumento. En primer lugar es necesario aclarar que un supuesto básico es que los funcionarios cumplen las ordenanzas, no que las violan. En segundo lugar, parecería que sólo los concejales de la UCR advirtieron la situación de incumplimiento, lo que me lleva a pensar que quizás para otros funcionarios es natural. Ahora resulta que quienes ejercen el control son culpables y tienen que dar explicaciones, mientras los que incumplen las normas se transforman en fiscales, que paradoja”, acentuó, y siguió cargando sobre Carabelli, destacando: “Un alto funcionario municipal dice por ahí que esto fue una puesta en escena de la UCR por un tema liviano y que en lo personal le había parecido grotesco y ridículo. Agregaba que se debía terminar con estas cosas que olían a tufillo político y pensar en la gente. A mi parece que es grotesco y ridículo hacer un acto administrativo a sabiendas de que se violaba una ordenanza. Si le parece a algún funcionario que hay que cambiar la ordenanza, que remita un proyecto de ordenanza para que se trate en el HCD, que es donde se deciden estas cuestiones. También creo que se debe terminar con otras cosas, como por ejemplo llevarse a todo el mundo por delante, y sobre el tufillo político sugiero oler bien de cerca, porque esto de andar mezclando la política partidaria y los alineamientos personales rompiendo ese famoso latiguillo del supuesto beneficio Nación-Provincia-Municipio, (es una) forma descarnada de aceptación de sometimiento a que nos tiene acostumbrado el poder central, y que se supo vender como fortaleza para alguna elección”.