En una aparente actitud corporativa, no hay magistrados que quieran inculpar a su par. Desde la Justicia se quiere aprovechar para dar por cerrado el caso y salvar al fiscal santamariano una vez más.
El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, se encuentra en una inédita situación al no encontrar un fiscal que quiera realizar la acusación formal contra su par de Santa María, Marcelo González, sobre quien pesa un pedido de destitución impulsado por la intendente de San José, Mónica Hernández por “mal desempeño de sus funciones, ignorancia inexcusable del derecho, incumplimiento reiterado de sus deberes inherentes al cargo”, y la “posible comisión de delitos en el ejercicio de su cargo”.
El jury se reunió ayer en dependencias de la Cámara de Diputados y, según trascendió, la mayoría de miembros considerarían que habría suficientes elementos para continuar con el proceso contra el cuestionado fiscal santamariano, pero ninguno de sus “compañeros” de la Justicia que ocupan ese mismo cargo quieren arremeter contra él en una aparente actitud corporativa.
De esta manera, por más de que los magistrados, senadores, diputados y miembros del Colegio de Abogados quieran dar continuidad al enjuiciamiento, la causa se trabó en la negativa del actual fiscal del Jury, Alejandro Dalla Lasta, quien siguió la línea de su antecesor, Rubens Carrizo que, a pesar de las graves acusaciones en contra de González, no encontraron elementos para juzgarlo. Y, según se supo, en el medio, dos fiscales más de la provincia, directamente se inhibieron de entender en la causa para evitar la situación de tener que acusar a otro fiscal.
Pero, además, el hermano del asesor General de Gobierno, Guillermo Dalla Lasta, se mantiene firme integrando el Jury designado por la Corte, y no hay indicios de que pueda renunciar para dar lugar a otro fiscal que tal vez quiera acusar a González.
Ante ese escenario, a pesar de la opinión mayoritaria que el juicio debe seguir, los miembros del Jury jno quieren excederse en atrubuciones y avanzar en realizar la acusación técnica sin el aval del fiscal de esa instancia.
Es que por los antecedentes anteriores en el propio foro local, se estima que todo el proceso corre el riesgo de caerse.
En ese sentido, el caso de la destitución del juez Porfierio Acuña, que luego fue revertido por la Suprema Corte de Justicia y restituído
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