Meza Evans recordó que “el gobierno anterior no quiso adherir a este Programa Federal de Desendeudamiento, creado por en 2010 para facilitar a las provincias una financiación favorable de las deudas que mantenían con la Nación. En virtud de ello, Chubut tuvo que abonar mensualmente ocho millones de pesos por no usar los beneficios de este programa”.“La adhesión a este programa le significa a la provincia dejar de abonar esos ocho millones de pesos mensuales durante el período de gracia y pagar 82 millones de pesos menos. Pero, además, los pagos se difieren en el tiempo y entre valores nominales y la proyección de la deuda los beneficios terminan siendo mayores a los 200 millones”, detalló.

El fiscal de Estado sostuvo también que “esto implicó poner fin a todo tipo de litigio pendiente entre las partes, Nación y provincias. En nuestro caso, incluyó el desistimiento de juicios que no tenían posibilidades de prosperar”. “Ninguna provincia llegó a una sentencia favorable y, en el caso del juicio del Chubut, la Procuración General, al dictaminar previamente a la sentencia, recomendó el rechazo de la demanda”, añadió.

“Esto quiere decir que no se renunció a ningún crédito, sino que se siguió el mismo criterio que otras provincias para entrar en este programa de desendeudamiento”, manifestó.

Gestiones pasadas

Meza Evans recordó que los juicios a los que se desistió fueron iniciados por la administración dasnevista y contemplan “un reclamo por regalías petroleras supuestamente mal liquidadas desde 1991 hasta el momento de la demanda, que es en 2005”.

Sobre el particular, detalló que “desde 1991 las regalías se han liquidado aplicando un porcentaje sobre el precio del mercado local del crudo, dejando atrás el sistema anterior, que consistía en liquidar sobre el precio internacional. Ello fue motivado por el alza desproporcionada de los precios internacionales provocados por la Guerra del Golfo”, a la vez que señaló que “ese cambio de precio base de liquidación de las regalías fue aceptado por los gobiernos de Maestro, de Lizurume y del propio Das Neves hasta que en 2005, se contrata a un estudio de abogados de Buenos Aires para reclamar por 14 años de una presunta mala liquidación de regalías que se habían recibido mensualmente sin hacer ningún tipo de reserva o protesta”.

El fiscal de Estado también apuntó que “el contrato con este estudio de abogados de Buenos Aires tiene el defecto de no haber contemplado qué pasaba con los honorarios en caso de que la demanda terminara por vía del desistimiento”, a la vez que aclaró que “este tema con los abogados contratados por Das Neves está en vías de un acuerdo por sumas muy inferiores a las que se comentan públicamente”.