El plan de regulación y modernización de todo lo que tenga que ver con el transporte tanto público como privado, que circule dentro del éjido municipal, comenzó el año pasado con la sanción de la nueva ordenanza de remises.

En medio de un escándalo, el 12 de abril del año pasado se intentó votar la Ordenanza. En la oportunidad un grupo de treinta remiseros intentaron impedir en el recinto que se realizara la sesión, pero luego de gritos y reclamos el proyecto se votó por unanimidad.

La Ordenanza compuesta por once capítulos y 45 artículos, entre otros aspectos establece que aquellos que ingresen a la actividad desde el momento de la aplicación de la normativa, deberán hacerlo con modelos de hasta diez años de antigüedad, con opción a trabajarlos cinco años más previa inspección.

La revisión técnica y de seguridad vehiculares deberá realizarse en forma obligatoria semestralmente, o toda vez que sea requerido por la Autoridad de Aplicación.

A su vez se establecen las pautas sobre la “Inspección visual u ocular vehicular” donde deberá efectuarse cuatrimestralmente, y será efectuada por medio del área de Inspección Municipal.

Los vehículos deberán contar con odómetro electrónico con o sin ticketera con controlador fiscal, calibrado por la autoridad de aplicación, pudiendo suplirse la ticketera por el correspondiente talonario de facturación.

Los usuarios del servicio que prestan las agencias de remises tendrán entre otros los siguientes derechos: Conocer previamente al uso del servicio, la tarifa y las modalidades de su aplicación en lo referente a distancia, horarios y demás factores que la determinan; requerir que el vehículo se encuentre en perfectas condiciones de higiene.

Conocer el tiempo estimado que demandará el viaje; exigir el cumplimiento de las normas de tránsito por parte del conductor del vehículo utilizado entre otros.

Transporte público de pasajeros urbanos

Luego de reiteradas prórrogas a las licencias vencidas de las líneas de colectivos, finalmente el HCD, comenzó a trabajar a principio de este año en una ordenanza que actualizara la vieja normativa del transporte público que era de los años 50 y no se adaptaba a la nueva ley orgánica municipal.

Meses previo a la sesión del 11 de abril pasado, en la cual se aprobó la ordenanza, hubo reuniones en los barrios con comisiones vecinales y los empresarios prestadores del servicio.

Sin embargo, Color Gualeguaychú decidió no participar de la sesión del 11 de abril, debido a que no hubo acuerdo con el oficialismo en las reuniones conjuntas previas a la sesión. Los concejales opositores pretendían desdoblar la normativa, por un lado estaba dispuesto a acompañar la nueva ordenanza para modernizar el transporte público, pero no así acompañar con su voto la prórroga o plazo de adecuación a la nueva normativa, al considerarla una “adjudicación indirecta encubierta”.

Lo que pretendía Color Gualeguaychú era que ese plazo de adecuación se diera luego de haberse realizado el llamado de licitación, protegiendo a las empresas locales mediante el uso de la ley nacional que permite realizar una “reserva del empresario local”, como una manera de proteger a los inversionistas locales de los grandes grupos económicos en las licitaciones públicas y darle así la oportunidad que empresarios -con domicilio en nuestra ciudad- pudieran participar en una licitación.

La Ordenanza cuenta de ocho capítulos y 60 artículos, en donde se tienen en cuenta los aspectos para el llamado a licitación, normas de seguridad, antigüedad de las unidades en circulación que no deberán pasar los 15 años, y cuando los empresarios comiencen a renovar el parque automotor, los nuevos colectivos adquiridos no podrán pasar los diez años de antigüedad.

Las autoridades de control serán el DEM, el HCD y se creará una comisión municipal de transporte que tendrá como finalidad el establecimiento de criterios y normas generales de la prestación del servicio regulado por la Ordenanza, además será un órgano de consulta, para “el estudio, análisis, discusión y evaluación de la problemática general en el transporte de pasajeros de carácter urbano”.

Esta comisión contará con un presidente, un secretario ejecutivo, un asesor técnico, un asesor legal y vocales que estará integrado por un concejal de cada uno de los partidos políticos y un representante de al Dirección de Consorcios y Comisiones Vecinales de la Municipalidad, donde ninguno de los integrantes de la comisión “percibirá remuneración alguna por su desempeño en ella”.

Luego será el DEM quien decidirá cuál será el área designada dentro de la estructura administrativa de la comuna, para fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza de transporte público, mientras tanto se les otorgó un plazo de adecuación a las empresas de un año, para luego llamar a licitación de los recorridos.

Transporte escolar

El 13 de junio pasado el HCD sancionó la readecuación de la ordenanza de transporte escolar n°10.057/94 y sus posteriores modificaciones, ante la necesidad de actualizar la normativa, con el objetivo de brindarle más seguridad al servicio.

La nueva reglamentación que entrará en vigencia la semana que viene define al transporte escolar como el servicio llevado a cabo con vehículos automotores habilitados por la Municipalidad de Gualeguaychú, para el traslado de alumnos de nivel inicial, nivel medio y nivel superior, realizadas a título oneroso o gratuito desde domicilios particulares hasta establecimientos educativos y viceversa, dentro del ejido municipal o a escuelas rurales, campos de deportes o centros recreativos fuera del ejido municipal, previa autorización otorgada por las reparticiones provinciales que correspondieren.

Establecimientos educativos hacia distintos lugares de la ciudad, para actividades de campo, análisis experimental, esparcimiento, recreación, traslados a clubes, turismo urbano, en actividades extracurriculares, etc., siempre que el mismo cuente con la debida autorización de la autoridad escolar y los alumnos viajen acompañados por uno o más docentes.

En la actualidad hay unos cuarentas vehículos entre combis y colectivos que a diario transportan 600 chicos de nivel inicial, primaria y secundaria.

La Ordenanza contempla un plazo de adecuación de dos años para aquellos que hoy están en la actividad.