La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), Elena Reynaga, expresó la opinión de su organización, contraria a la prohibición de la publicación de avisos de oferta de servicios sexuales, conocida como “Rubro 59”, impuesta por la presidenta Cristina Fernández mediante un decreto. “Son un delito y una profunda discriminación a la condición de mujer”, dijo la primera mandataria. La decisión presidencial llegó mientras el Congreso analiza el proyecto del diputado oficialista Arial Pasini, que proponía sanciones de cinco mil a 150 mil pesos, y la privación de pauta oficial durante un mes, a quienes transgredan la prohibición.

La dirigente opinó que el decreto es una mera intención, ya que las organizaciones dedicadas al delito de trata no tienen ninguna relación con la voluntad de muchas mujeres que decidieron por propia voluntad dedicarse al trabajo sexual. Para ella, “es impensable que haya delincuentes que esclavicen y exploten a las mujeres y que publiquen avisos en los diarios”, y subrayó que “esto perjudica a las quienes decidieron ejercer libremente esta actividad y que encuentran en los medios de comunicación un canal para presentarse y ofrecer sus servicios”.

Reynaga volvió a pedir los instrumentos legales y la reglamentación para el trabajo sexual, lo que entiende que terminará no sólo con la clandestinidad de la actividad, sino que le pondrá también un punto final a la persecución y la discriminación que sufren las trabajadoras sexuales en muchos ámbitos. Ejemplificando, la dirigente dijo que la falta de esta reglamentación hace que la mayoría de los medios abuse al fijar las tarifas de las publicaciones de los avisos.

Más intervención estatal

En el Chaco, la Policía consiguió desbaratar algunas organizaciones que regenteaban los denominados “privados”, con investigaciones que partieron de los datos publicados en los avisos clasificados de algunos diarios. Por esto, hay quienes creen que incluso los mismos podrían servir a la lucha contra la trata. Sin embargo, la Legislatura provincial también ha aprobado una ley que prohíbe este tipo de publicaciones, aunque la misma nunca se cumplió. En los argumentos de la norma se subrayó la existencia de muchos avisos ofreciendo alternativas laborales muy bien remuneradas a mujeres jóvenes, lo que sumado a la alta desocupación, se transforma en una propuesta difícil de rechazar; y esta sería una razón fundamental por la que estas organizaciones eligen provincias como la nuestra.

Reynaga opina que el combate contra la trata de personas va más allá de la prohibición de avisos, y que demanda de una mayor intervención del Estado, en la investigación y la prevención del accionar de estas organizaciones delictivas, pero también en la contención de las potenciales víctimas.

Con este parecer habían coincidido la jueza federal Zunilda Niremperger y Nancy Sotelo, del movimiento Las Juanas y candidata a diputada nacional.