Desde hace años, en las páginas de nuestro diario, venimos denunciando que la Argentina dejó de ser un país de paso del narcotráfico. Lo mismo hizo la Iglesia católica, cuyas máximas autoridades, empezando por el Papa Francisco, han realizado serios llamados de atención al respecto.

Está claro que los carteles de la droga están instalados en la Argentina, gracias a la decisión política de un gobierno que ha liberado las fronteras (convirtiéndolas en coladores) y ha reducido el poder operativo de las fuerzas de seguridad en lo que hace a los controles migratorios. Esta situación se puso claramente de manifiesto ayer cuando el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, que preside el mismo organismos que había alertado el deplorable estado de los trenes meses antes de que ocurriera el choque en estación Once, denunció que “hay una ausencia deliberada" del Gobierno en el control del envío de estupefacientes al exterior. Y sostuvo que "los cielos y puertos de Argentina" permanecen "habilitados al tráfico de drogas".

El titular de la Auditoría habló de "zonas liberadas" y reiteró que los escáneres de los puertos de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo "no registran" los estupefacientes ya que no sirven para identificar embarques de drogas. Concretamente, no pueden diferenciar sustancias orgánicas de las inorgánicas. Despouy insistió con que existen "irregularidades" similares en los aeropuertos.

"Hay un cuadro general de falta de control en el tema de drogas, al que se suma la situación que tenemos en los puertos importantísimos de nuestro país; hay una ausencia deliberada: el Estado renunció a ejercer el control", denunciaron desde la Auditoría .

La AGN finalizó ese reporte el 10 de mayo último y lo difundió la semana pasada, después de haber sido enviado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la que depende la Aduana.

En realidad, el descontrol se estaría registrando a lo largo y ancho del país. En diálogo con Hoy, el titular de la Asociación Antidrogas de la Argentina, Claudio Izaguirre, dijo “que nosotros esto le venimos denunciando desde hace 8 años. Se ha llegado al extremo de que por ejemplo, en el Puerto de Buenos Aires, que cuenta con un scanner donado por la DEA (Agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas), sólo se utiliza este aparato con algunos containers”, dijo Izaguirre.

El titular de la Asociación Antidrogas afirmó que hay varios responsables políticos de esta situación, entre los que mencionó a la presidenta Cristina Fernández y titular de la AFIP (que tiene a su cargo a la Aduana), Ricardo Echegaray. E hizo especialmente hincapié en el senador Aní- bal Fernández que fue ministro del Interior (tuvo a su cargo las fuerzas de seguridad federales) y jefe de gabinete hasta el año 2011.

“Pese a contar con todas las herramientas, Fernández no hizo nada y evitó desarticular las pistas de aterrizaje clandestinas que se utilizan para meter la droga en el país (ver página 4). Evitó poner cualquier tipo de barrera al accionar del narcotráfico y tampoco instrumentó ningún tipo de control de las que personas que ingresan al país. Lo mismo hizo con los laboratorios clandestinos que se utilizan para producir los estupefacientes, que se multiplicaron durante su gestión en el gobierno”, concluyó Izaguirre.

En definitiva, todos los funcionarios que forman parte de este gobierno, desde aquellos que tienen a cargo ministerios hasta los legisladores que levantan la mano en el congreso para aprobar todo lo que propone el kirchnerismo, son responsables por esta alarmante situación. Y en algún momento deberán rendir cuentas dado que se está muriendo toda una generación de jóvenes como consecuencia del flagelo de la droga.