Así lo indicó ayer Ambrosio Casimiro, referente de la comunidad de La Aguada (que junto a la de las Pailas y otras dos reclaman las tierras en disputa como territorio indígena), mientras se realizaba la manifestación por el desalojo instrumentado, en la plaza de Cachi.

Viviendas vacías

La principal razón por la que se desconoció a la comunidad como originaria fue que no cuenta con personería jurídica, un requisito que la jueza Mónica Faber estableció como necesario al momento de reclamar las tierras. Según se indicó extraoficialmente a la ministra María Inés Diez, a quien aún no le llegó el expediente de la causa a pesar de haberlo pedido, la jueza no encontró a nadie en las viviendas sobre las que ordenó el desalojo cuando realizó la inspección ocular.

Por ahora, las comunidades esperan la regularización del trámite de personería jurídica, el cual quedó trabado, según la ministra Diez, porque se habían iniciado dos expedientes en ese trámite.

Casimiro indicó que el jueves que pasó ya se presentó el escrito por el cual se aclara que el expediente válido es el que se inició el 15 de diciembre. Ahora, según les indicaron, la personería podría estar recién en un año o un año y medio.

Ayer, en el acto, los manifestantes cortaron media calzada durante la mañana, en una medida que duró desde las 9 hasta cerca de las 21, según preveían quienes estaban en la marcha. De la medida participaron comunidades originarias de Tartagal, Iruya, San Carlos, Cafayate, Molinos, y Salta Capital.